Helicóptero: el gobierno insiste en que lo avala la ley de emergencia

Luis Rodrigo
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Sergio Bendaham es el director provincial de Movilidad de la Provincia y Diego Echen el secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Ambos fueron designados por la Casa Gris para responder a los cuestionamientos que el Tribunal de Cuentas le formuló al gobierno provincial, por la contratación de un helicóptero para combatir la inseguridad.

Ayer El Litoral informó sobre el contenido de un documento público del máximo órgano de control de la provincia -que convalidó el pago hecho- pero le recomendó al Ministerio de Gobierno “la adopción de medidas conducentes para que en futuras gestiones no se transgreda la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones”.

Hoy, este diario -como en varias oportunidades, durante mayo- requirió la opinión oficial frente al tema. Otra vez, la interpretación de los funcionarios es que lo actuado está dentro de ley de Emergencia en Seguridad.

Periodista: - El Tribunal dice que el trámite de la contratación del helicóptero fue irregular y que no estuvo dentro de lo previsto por la Ley de Emergencia en Seguridad.

Bendaham: - Todo lo actuado fue informado oportunamente a la Cámara de Diputados, ante un requerimiento de ellos, con todos los datos de todas las acciones en materia de helicópteros. No es un sólo expediente, ni una sola acción.

Con referencia a las apreciaciones que salen en diario, en el aspecto técnico-administrativo nosotros solicitamos por pedido del ministro de Gobierno, Rubén Galassi, la contratación en carácter de urgente de un helicóptero para realizar tareas referentes a patrullaje aéreo y monitoreo de curso de ríos y zonas anegables, en los límites de la Provincia.

Con la celeridad que ameritaba el caso tuvimos respuesta y conseguimos un helicóptero que nos preste ese servicio. A la Cámara de Diputados le informamos oportunamente todas las acciones con esa nave alquilada. Al mismo tiempo, realizamos la contratación directa, por una mayor cantidad de horas de vuelo, y a su vez una licitación para la compra de un helicóptero para poder cumplir con esas exigencias.

Las tres acciones se hacen en forma conjunta para allanar todos los caminos administrativos.

Vale recordar la urgencia de contar con el patrullaje aéreo en materia de seguridad. Todo fue realizado en el marco de la política del Ministerio de Gobierno y del Gobierno Provincial en cuanto a transparencia y poner a disposición de conocimiento la información cada vez que nos la ha solicitado la Cámara. Se nos ha pedido el expediente y se está haciendo la gestión para proporcionarlo.
Cuando la Legislatura sanciona la Ley de Emergencia nos están dando el aval de que la situación no es normal. Y dentro del Plan de Seguridad Democrática que lleva adelante el Gobierno este era uno de los elementos a utilizar.

Estamos tranquilos en cuanto a las actuaciones realizadas. Podemos garantizar la transparencia en todo lo actuado

- Insisto, el Tribunal dice que el trámite no se encuadra en la Ley de Emergencia en Seguridad.

Echen: - Mire, del Tribunal de Cuentas, lo único que hemos recibido fue una providencia (SSIIN°1278), y está a su disposición, y lo único que dice es que se puede proceder al pago del servicio prestado a la empresa que proveyó el helicóptero. Lo único que hace es recomendar que a futuro se de cumplimiento a las disposiciones que conforman el Régimen de Compras y Contrataciones en vigencia.

- Perdón, el Tribunal dice bastante más...

- No, no. Yo le hablo de la nota que nos mandaron a nosotros.

- Yo le repito lo que dice un documento público, que está en la Cámara de Diputados.

- No hemos tenido acceso a eso. No es lo común, no es normal que un documento interno del Tribunal de Cuentas tome ese estado...

- Es un documento público, está en la Legislatura.

- Lo único que conozco es lo que ustedes han publicado ayer. No estoy negando que exista, digo que a nosotros formalmente el Tribunal no nos ha enviado absolutamente nada de eso.

- Entiendo.

- El Tribunal de Cuentas tiene un circuito interno que luego deriva en la vocalía respectiva que es la que en definitiva toma la decisión de formular o no una objeción. O simplemente hacer una recomendación, como en este caso ha sucedido.

En el caso de nuestras actuaciones, le dimos intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, su dictamen está a su disposición, y nos dijo que no había ningún obstáculo para el pago. Lo único que nos llegó a decir fue que “en cuanto a la pretensión de pago de tales servicios (los vuelos) no queda otra alternativa de reconocer las sumas liquidadas, lo que hace que no merezca reparos el acto administrativo en los términos propuestos”. Y que “cabe aclarar que si bien advertimos en las actuaciones administrativas una compulsa de precios que se habría efectuado ante distintas firmas, donde se invocan necesidades de urgencia para vincularse con proveedores y contratistas informalmente, no se explicitan claramente las razones que impidieron el perfeccionamiento de la gestión en tiempo oportuno”. Como se ve Asuntos Jurídicos no puso reparo alguno en el pago.
Las razones que no se expusieron para perfeccionar la gestión son la necesidad imperiosa y urgente del gobierno de contar con un helicóptero, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

- El Tribunal de Cuentas dice que se contrató el helicóptero de manera directa sin el amparo de la Ley de Emergencia en Seguridad. ¿Por qué se sostiene lo contrario?

- Se hizo dentro del marco de la Ley de Emergencia, lo que no significa que se usaran fondos de esa Ley. Ahí es donde nosotros tenemos una discrepancia. Los fondos afectados son de funcionamiento ordinario del Ministerio, por lo tanto consideramos que rigen las reglamentaciones convencionales que rigen para la administración pública.

- No es lo que dice el Tribunal.

- Correcto. Discrepamos con los informes internos del Tribunal, de los que he tomado conocimiento a través de la edición de ayer del diario El Litoral.

Sabemos que actuamos en el marco de la Ley de Emergencia de Seguridad. No es la primera vez que en Santa Fe se dictan actos administrativos de reconocimiento de obligación de legítimo abono, hay muchos casos en los últimos 15 ó 20 años en que se usó este instituto. Se ha hecho en situaciones de urgencia que lo ameritaban y en otros en situaciones que a mi modo de ver no lo ameritaban.

- El Tribunal de Cuentas le recomienda al Ministerio de Gobierno “la adopción de medidas conducentes para que en futuras gestiones no se transgreda la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones”. ¿Volverían a hacer la gestión que allí se cuestiona? ¿Repetirían esa actuación?

- Nosotros lo que vamos a hacer siempre es arbitrar las medidas necesarias para dar soluciones a la gente de la mejor manera, en El marco de la legalidad y con absoluta transparencia.

- Es muy buena su definición. Pero lo que yo pregunto es si volverían a contratar de manera directa, basándose en la Ley de Emergencia en Seguridad.

- Es que la idea es justamente poder concretar la compra de un helicóptero para evitar a futuro...

- Lo pregunto a Uds., en tanto funcionarios de una acto de gobierno que el Tribunal de Cuentas ha cuestionado.

- No señor, no está cuestionado. No hay observación legal. Hay una recomendación legal simplemente... por favor hay que ser muy claros en esto.

- Es cierto, el Tribunal de Cuentas no ha objetado. Ha sido prudente al no echar abajo el expediente entero. Pero se habla de una “transgresión” de la legislación vigente.

- Yo discrepo con eso. Hay una situación de emergencia y la ha declarado de esa manera la Legislatura. La Ley de Emergencia no puede quedar en una cuestión abstracta, tiene que -como nosotros entendemos que ha sucedido- brindar herramientas al Ejecutivo para brindar soluciones.

También es de público conocimiento que la provincia cuenta con un helicóptero, que estaba trabajando en la ciudad de Rosario. Fue con marcado éxito en materia de seguridad. Por eso lo que hacemos es igualar la calidad de lo que hacemos en seguridad en la ciudad de Santa Fe.

No es un detalle menor haber puesto a la capital provincial en igualdad de condiciones. Son muchos los operativos realizados y los resultados en cuenta a la prevención y al combate del delito que nos muestran que esta decisión ha sido correcta.