Ingresó a Acuerdos una impugnación al candidato a fiscal regional de Rafaela
La Asociación Florentina cuestiona el rol de Carlos Vottero como fiscal en el abuso en manada sufrido por una adolescente de la localidad de Pilar, departamento Las Colonias. La Asamblea Legislativa para considerar ese pliego está convocada para el 11 de mayo.
El nombre de Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo en Asamblea Legislativa del pliego de Orlando Toniolo.
Con una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, la Asociación Civil Florentina de la ciudad de Rafaela, impugnó el pliego de Carlos Vottero propuesto por el Poder Ejecutivo como fiscal regional de la 5ta. Circunscripción judicial con sede en esa ciudad del oeste santafesino.
"La Justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas", titulan la presentación ingresada el lunes a Legislatura firmada por la titular de la asociación, Soledad Comini Borda.
El nombre de Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo en Asamblea Legislativa del pliego de Orlando Toniolo, y en principio, será considerado en una nueva reunión de senadores y diputados convocada para el 11 de mayo.
Florentina informa que es una asociación civil que trabaja con víctimas de violencia de género y pide que la impugnación sea considerada cuando se evalúe el pliego de Vottero. "El caso Pilar, no es un caso más de violencia de género sino que configura un caso terrible, atroz porque la víctima era una menor de edad que fue abusada "en manada", es decir, una adolescente abusada por once adultos y un menor de edad, durante largas horas en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias en 2018, causa que tiene a cargo el Dr. Vottero", señala. Agrega la nota que "este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso; proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social".
Plantea que "desde que el fiscal asumió no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la víctima, es más, las veces que fue citada a declarar la menor no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía. No garantizo el derecho a la información a la víctima. También queremos destacar que la extrema vulnerabilidad económica, social y familiar que vive la víctima requiere de esfuerzos efectivos por parte de la Justicia para asegurar el debido proceso, en pos de que pueda movilizarse para declarar y entender todo el proceso en el que participa como víctima, justamente por haberse vulnerado sus derechos y haber padecido vejaciones a su cuerpo e intimidad inimaginables".
Precisa la nota que "en reiteradas oportunidades la víctima quiso establecer contacto con el fiscal y por eso, desde esta Asociación garantizamos los pasajes para que pudiera viajar, lo cual no hizo la Fiscalía, que se los negó aduciendo desconocimiento, a pesar de que cuenta con una larga trayectoria en garantizar los traslados de las víctimas que así lo requieren. Asimismo, el acompañamiento psicológico también es aportado por esta Asociación en forma remota, ya que por sus permanentes mudanzas, producto de las amenazas recibidas y su vulnerabilidad, la menor no aceptaba el apoyo psicológico ofrecido por la anterior fiscal".
También objeta "las dilaciones en torno al juicio que debía comenzar en diciembre pasado, pero, por maniobras de los abogados defensores, se postergó para el pasado 3 de abril. Curiosamente en esa fecha el Fiscal solicitó suspenderlo nuevamente. No entendemos esta actitud, y necesitamos entender por qué el representante del Ministerio Público Provincial elige demorar el inicio del juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima L".
En la nota, hacen notar que la víctima después de conocer el nuevo aplazamiento del juicio comentó en Casa Florentina que "me cansa sostener esto, necesito poder decir mi verdad y seguir con mi vida".
Florentina afirma que "este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso, proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social".
Se pregunta luego la asociación si "¿un fiscal que no garantizó los derechos de una víctima de violencia de género tan vulnerable, siendo ese un caso tan importante para la víctima como para la sociedad, puede estar a cargo de una Fiscalía Regional?". Acota saber "que la impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay una sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan. Queremos ser claras: la impunidad nos pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de mano del Estado que nos debe proteger".
Plazos
La Comisión de Acuerdos recibirá impugnaciones a los dos pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo hasta el 8 de mayo al mediodía. Además de Vottero, propone a Martín Gabriel Riccardi como defensor regional de Rosario.
El 10 de mayo será la entrevista a ambos candidatos y al día siguiente está citada la Asamblea Legislativa. Una segunda convocatoria a la Asamblea está prevista para el 18 de mayo y en caso de no reunirse el 20 de mayo habrá aprobación tácita de los nombres.
Florentina
En su página web la Asociación Civil Florentina, situada en Rafaela, informa que viene trabajando desde el año 2012 contra las violencias hacia las mujeres. Tiene sede desde 2108 donde brinda actividades de empoderamiento y talleres con salida laboral, así como contención y asesoramiento legal para las víctimas. El objetivo de la entidad es erradicar las violencias hacia las mujeres para garantizar una sociedad democrática, igualitaria y pacifista y la misión que se impuso es defender y promover los derechos humanos de mujeres y niñas así como trabajar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
La asociación lleva el nombre en homenaje a la dirigente radical María Florentina Gómez Miranda "docente, abogada, política y feminista argentina, que trabajó para alcanzar muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres".
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