Martes 6.7.2021
/Última actualización 14:11
Una auditoría interna y un sumario impulsado por la Dirección de Asuntos Internos intentan clarificar el uso de 60 millones de pesos en el Servicio Penitenciario de la provincia. Se trata de fondos que fueron girados por el Poder Ejecutivo al sistema carcelario, para la adquisición de insumos y la contratación de personal, en el marco de la pandemia.
El dato fue revelado durante la reunión que mantuvieron este lunes funcionarios de la repartición y diputados provinciales, a propósito de la fuga en la cárcel del Piñero. "Pero no es una faltante – aclaró más tarde y ante una consulta de El Litoral, el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi-. Es una situación que a priori se presenta como con desprolijidades, y donde se pretende determinar si eventualmente se cometieron irregularidades", planteó.
Se trata de cuatro partidas que comenzaron a ser giradas a principios del año pasado. La primera se remitió el 16 de marzo, la segunda el 17 de abril, la tercera el 7 de agosto y la cuarta, el 10 de setiembre. Cada una, por quince millones de pesos.
Apenas unos meses después de que se recibiese la última partida, se produjo un recambio de autoridades en el Servicio. Así, en febrero de este año, fue desplazado Héctor Acuña como director y asumió Bortolozzi en su reemplazo. A poco de iniciada su gestión, el flamante funcionario se topó con una observación del Tribunal de Cuentas de la provincia advirtiendo sobre la falta de rendición de los recursos que se habían girado con la primera cuota, el 16 de marzo. El nuevo director ordenó, entonces, una auditoría interna sobre los cuatro envíos, y el correspondiente sumario de parte de Asuntos Internos.
"Lo que detectamos cuando se inició nuestra gestión (a prácticamente un año de que se realizase el primer envío), es que esos fondos no estaban rendidos – dijo Bortolozzi-. Por eso decidimos iniciar una investigación interna para poder hacer la rendición correspondiente, pero además, para determinar cómo fue usado ese dinero; se realizó un peritaje de la facturación, se tomó declaración a las personas que intervinieron en el proceso de compra de insumos o de contratación de profesionales médicos, se hicieron inspecciones oculares… Se sabe en qué se usó el dinero, pero lo que queremos saber es si fue bien usado; si se pagaron los precios más convenientes y justos, si se buscaron más de una oferta… Nos encontramos con un montón de facturas sueltas", mencionó el funcionario para graficar la "desprolijidad".
Bortolozzi admitió que las desprolijidades que se investigan pueden derivar en "irregularidades", en cuyo caso se deberán determinar las eventuales responsabilidades. "Queremos aclarar la situación y determinar la calidad del gasto para despejar las dudas y posibles errores, y también para deslindar responsabilidades. Pero no se trata de una faltante de dinero", insistió. Y acotó que las investigaciones internas continuarán para verificar si se cometieron faltas o delitos, y si correspondiese, la eventual aplicación de sanciones a los responsables. Según comentó, ya se terminaron de auditar y sumariar el primer y segundo envío de dinero; resta determinar qué sucedió con la tercera y cuarta cuota. "Los hechos son investigados y de surgir irregularidades, se imputará a quien corresponda como responsable", concluyó.