El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto que habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Ese destino fue excluido de la ley Bases y se está discutiendo en sendas leyes en la Cámara de Diputados. Pero ahora el gobierno apeló a la ley de Reforma del Estado de 1989, que incluye a la empresa en un listado anexo, y obliga a dar “tratamiento preferencial” en el Congreso a la disposición presidencial.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto que habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas.
“El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado” (sancionada en agosto de 1989), aseguró el funcionario en su habitual ronda de prensa en Casa Rosada.
La decisión surge en medio del enfrentamiento que existe entre la compañía y los gremios aeronáuticos que realizan paros en el marco de la negociación paritaria.
La sujeción de la empresa a una eventual privatización estaba contemplada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero fue eliminada del proyecto como una de las condiciones negociadas para facilitar su aprobación. El gobierno dejó en claro no obstante que intentaría avanzar y el Congreso nacional se encuentra discutiendo dos iniciativas en ese sentido, una del PRO y otra de la Coalición Cívica, que no tienen garantizados los consensos necesarios para prosperar.
En medio de ese debate parlamentario, que en el curso de esta semana se desarrolló en comisiones de la Cámara de Diputados, se anunció la determinación del Presidente de la Nación de acelerar los tiempos, en el entendimiento de que está habilitado a hacerlo por decreto.
Para justificar la medida, el vocero presidencial acudió una vez más a los argumentos esgrimidos en los últimos días, en el marco del conflicto sindical. “Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su estatización en 2008, los aportes del Estado Nacional superan los 8 mil millones de dólares. ¿Por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina en los últimos años”, argumentó Adorni.
El artículo citado este viernes por Adorni de la ley de 1989 especifica que la declaración del Poder Ejecutivo de que una compañía es “sujeta a privatización” le asigna trámite parlamentario de preferencia a la cuestión. Pero la norma indica que “la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. En el anexo de esa ley, mientras tanto, figura Aerolíneas Argentinas en listado de empresas que pueden ser sujetas a privatización “total o parcial”.
La misma ley especifica: “El acto que declare ‘sujeta a privatización’ puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada”.
“El decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”, agrega.
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