Judiciales vuelven al paro y se quejan de los decretos que salen "por goteo"

Después de una suerte de mini tregua generada a partir de un encuentro entre el presidente de la Corte y funcionarios del Poder Ejecutivo, los empleados del Poder Judicial resolvieron este lunes reanudar un plan de lucha que prevé un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo para miércoles y jueves. Lo decidieron en la mañana de este lunes por unanimidad, y en las asambleas realizadas tanto en los tribunales de Rosario como en Santa Fe y otras ciudades.

Aquel impasse había surgido a raíz de un encuentro entre Rafael Gutiérrez junto al ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Durante la reunión, los interlocutores del gobierno se habrían comprometido a rubricar el centenar de decretos que el sindicato está reclamando y que corresponden a designaciones, ascensos y promociones. En total, afectan a unos 500 trabajadores que esperan sus nombramientos desde hace prácticamente un año.

Pero a diez días de aquella reunión, los decretos no aparecieron. En rigor, se firmaron algunos, pero que a criterio del gremio, "son insuficientes".

Los decretos

Desde la semana pasada, comenzaron a publicarse decretos sobre aceptación de renuncias en el ámbito del Poder Judicial, así como designaciones de los concursos más antiguos, corrimientos y nombramientos. Según describieron fuentes oficiales consultadas por El Litoral, todos los casos están siendo analizados pero firmarlos "lleva su tiempo porque son expedientes complejos", se explicó. En la misma línea, aclararon que el compromiso asumido por el gobierno "está garantizado".

Sin embargo, no es ésa la lectura que se realiza desde el gremio. Consideran que es demasiado escaso el número de decretos firmados, si se toma en consideración el universo de empleados que esperan su ascenso o nombramiento – más de quinientos-. Asimismo, se pidió que se genere una instancia de diálogo para poder encauzar la situación.

El conflicto

La tensión entre trabajadores judiciales y gobierno provincial derivó en un plan de lucha a principios de octubre, con medidas de fuerza que se replicaron desde entonces y prácticamente todas las semanas. Las huelgas volvieron después de treinta años.

En sus inicios, el plan de lucha tuvo varias motivaciones: los efectos de la ley de emergencia previsional, el pago de aumentos retroactivos y la firma de los decretos mencionados. La reforma jubilatoria generó varios amparos; hasta aquí, rechazados casi en su totalidad – sólo fue convalidado uno que aglutina a varios magistrados jubilados-. Los aumentos salariales se terminaron pagando, a raíz de que el Ejecutivo habilitara las partidas correspondientes después de una reunión para reclamar por tales efectos, con la Fiscal General, María Cecilia Vranicich. La firma de los decretos es el tema que sigue pendiente. Para el sindicato, los trabajadores quedaron "en medio" de la pulseada que viene manteniendo el Poder Ejecutivo con el máximo tribunal de justicia para forzar un recambio de integrantes en la Corte Suprema.