Cautelares, pasajes pendientes y las monedas de Marcelo Sain

Siete medidas cautelares solicitaron los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández al juez Hernán Candioti para Marcelo Sain, Germán Montenegro y Maximiliano Novas, en la causa en la que se investiga la supuesta compra irregular de armas a una empresa israelí para la policía santafesina. Todos eran funcionarios del Ministerio de Seguridad, mientras Sain conducía la cartera.

La audiencia, que se reanudó este viernes para escuchar a los presuntos imputados y su defensa, había comenzado este jueves con la palabra del magistrado dando cuenta de un pedido de sobreseimiento ingresado por el abogado de Sain, Hernán Martínez. En esta instancia, fueron citados los querellantes; sobre la base de esa "omisión", el juez había cancelado la audiencia que estaba prevista inicialmente para el jueves de la semana pasada. Pero los tres – Evelyn Andriozzi, Pablo Cococcioni por Maximiliano Pullaro y Rubén Weder por la provincia- manifestaron no tener interés en permanecer en la audiencia porque todos se constituyeron como querellantes pero en la causa por espionaje. La argumentación de Weder, Fiscal de Estado, intentó ser sustento de la defensa de Sain para considerar que la causa estaba caída; si la provincia, que es la supuesta víctima del proceso, no participa como querellante ni tiene interés en la persecusión penal del eventual delito porque la licitación invocada no se llegó a materializar, entonces – planteó el abogado-, la investigación carece de sentido.

Juez, fiscales y querellantes participaron de modo presencial en la audiencia que se realizó en Tribunales. Sain y su abogado lo hicieron vía zoom. El ex ministro se permitió tomar mates y hasta comer un sandwich frente a la pantalla.

Medidas

Las cautelares solicitadas, todas alternativas a la prisión preventiva, fueron fijación de domicilio, prohibición a los imputados de acercarse a testigos y denunciantes, prohibición de acercamiento a los Ministerio de Seguridad y Economía al igual que a cualquier dependencia policial, prohibir la comunicación con funcionarios y empleados de esas reparticiones; prohibición para salir del país con correspondiente entrega del pasaporte, embargo por 200 mil dólares para cada uno de los imputados, y prohibición para portar armas.

Durante sus exposiciones, los fiscales enumeraron y describieron las evidencias que hallaron a lo largo de la investigación contra Sain y sus ex funcionarios, para terminar imputándoles los delitos de negociación incompatible con la función pública, en concurso con una tentativa de defraudación a la administración.

La maniobra que denuncian y que se originó con una presentación de diputados de la oposición, consistió en direccionar una licitación para la compra de armas destinadas a la policía, a fin de favorecer a la empresa israelí IWI. De no haberse frenado el proceso a través de la intervención de los propios mecanismos del estado, la operación hubiera implicado un perjuicio económico para la provincia – según estiman los fiscales- de entre "dos y ocho millones dólares".

Hernández y Jiménez detallaron los diferentes pasos administrativos que tuvo el proceso y las sucesivas instancias en las que desde los propios organismos públicos por los que atravesaba el expediente, se advertía acerca de las presuntas irregularidades del pliego. Sumaron el testimonio del ex Jefe de Policía, Víctor Sarnaglia, quien reveló el intento hasta de una supuesta compra directa para adquirir el armamento a la citada empresa; y declaró que su resistencia al proceso, le terminó costando el puesto como máxima autoridad de la policía de la provincia.

Los fiscales aseguraron que el pliego fue "copiado textualmente" de los folletos publicitarios de la empresa IWI, y aseguraron tener evidencias – un pen drive encontrado en los allanamientos realizados al Ministerio de Seguridad en Rosario- que permiten corroborar que, en rigor, el pliego no fue hecho a medida de esa empresa, sino "redactado por los propios representantes" de esa firma en la Argentina. Observaron el precio excesivo que se pretendía pagar por las armas, y hasta "la desproporción" en la cantidad de unidades que se pensaban comprar, respecto de las necesidades reales de la fuerza. Advirtieron, finalmente, que detectaron otro proceso licitatorio en marcha, en este caso, para la adquisición de un software, que también tenía como único proveedor a la misma empresa IWI que ya había intentado ser favorecida con la compra de armas.

Cuatro blancos

El defensor de Marcelo Sain, Hernán Martínez, rechazó la aplicación de las medidas cautelares solicitadas con un abanico de argumentos jurídicos, pero también con fuerte anclaje político.

De hecho, consideró que "se le reprocha a Sain una decisión política, que no excede sus atribuciones. Sain asumió con la promesa de estudiar la policia y sus armas porque eran obsoletas y anárquicas. No hay delito. Sain quiere comprar armas porque era lo que se necesitaba".

Luego, en su exposición, el abogado del ex ministro apuntó a cuatro blancos con duros cuestionamientos. Desacreditó el testimonio del ex jefe de Policía Víctor Sarnaglia, y lo encuadró en una disputa de poder y enemistad manifiesta; cargó contra el Ministerio de Economía de la provincia por la confección de los pliegos de la licitación que luego suspendió; remarcó que el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, contrató de forma directa un software telefónico conla misma empresa; y endilgó al fiscal Carlos Arietti haber definido los términos de las imputaciones a las que luego se sumaron los diputados.

"Yo no traje a esta empresa"

"Las decisiones en el ministerio las tomé yo y no permití que las tomara la policía. Ratifico eso. La policía no era autónoma mientras yo estaba. Y eso es reivindicable. La decisión sobre qué se hacía en la Policía eran mi responsabilidad. Y ése era el problema con (el ex jefe, Víctor) Sarnaglia. Antes del 1 de mayo, yo estaba renunciado de hecho, porque él pretendía dirigir los designios de la Policía, no estaba de acuerdo con que yo la controlará. El quería ser el ministro, como pasó siempre en la provincia".

Con ese encuadre, Sain pasó luego a relatar su vinculación con la empresa que iba a ser adjudicataria del contrato. "Yo conozco a Grupo Patagónico porque Martín Pullaro (hermano de Maximiliano) me lo presentó a su representante cuando ellos estaban en la gestión", expuso. Y, tras marcar vínculos con ella de otros funcionarios del gobierno de Miguel Lifschitz, insistió en que "yo no traje a esta empresa".

En otro tramo, el ex ministro hizo hincapie en su situación personal: "Si yo no trabajo donde trabajo no llego a fin de mes", "no me dan vuelta y se me caen las monedas", "no tengo ahorros, vivo en un dos ambientes y nada más".

También, contra la medida de no salir del país, argumentó que "no podría fugarme ni quiero. Tengo un pasaje para descansar de antes de la pandemia, por eso quería salir del país". Y, fiel a su estilo, remató con una alusión a los presentes: "Tengo más prestigio q muchos de los que están aquí".