Miércoles 21.9.2022
/Última actualización 14:06
El Poder Ejecutivo intentará en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad de este miércoles a la tarde plantear un horizonte de claridad y con mayor certeza para la sanción de una serie de proyectos de ley que desde hace tiempo cuentan con estado parlamentario pero se estancan por lo general en el Senado. Según pudo saber El Litoral, una de las premisas del gobierno es lograr encauzar el tratamiento de iniciativas que – como ya se adelantara- no están asociadas a las grandes reformas planteadas durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain. Más bien están orientadas a demandas de víctimas de hechos delictivos, y a correcciones en normas vigentes para facilitar el trabajo de jueces y fiscales.
Una de esas iniciativas es la Ley de Víctimas, que a través de asesoramiento y diversas acciones desde el Estado, plantea allanarle el camino a los familiares de las personas que sufrieron hechos de inseguridad. El proyecto había sido presentado por Oscar Martínez; logró media sanción en la Cámara de Diputados pero no fue tratado aún en la Cámara alta. La demora motivó, de hecho, un reclamo del propio gobernador Omar Perotti en la Asamblea Legislativa del último 1° de mayo, cuando dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias.
Armas
Otro de los proyectos que el Ejecutivo intentará promover es el enviado desde la Casa Gris hace prácticamente un año, para modificar el Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicha reforma permitiría que "aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva", entendiendo que ello impediría posibles reincidencias posteriores del sujeto durante el proceso. En la práctica, se pretende brindarle a los jueces una herramienta para que puedan dictar la prisión preventiva en aquellos hechos delictivos o circunstancias donde las personas posean o tengan armas de fuego de cualquier calibre, ya sea cuando se comete el hecho delictivo, o cuando se pretenda evadir u obstruir un procedimiento policial o judicial, o simplemente cuando se porte el arma si ésta es ilegítima.
Respecto de los tres mensajes que habían sido eje de la gestión del ex ministro Sain, todos perdieron estado parlamentario y fueron reingresados semanas atrás pero no a través del Poder Ejecutivo, sino por iniciativa de la diputada justicialista Lucila De Ponti.
La de esta tarde será la primera reunión en la que formalmente se integrará y participará el Observatorio provincial de Víctimas, que preside Oscar Martínez. Según adelantó a El Litoral el legislador, además de pedir por la ya citada ley de Víctimas y por la reforma al CPP, plantearán la votación de una ley que permita la prisión preventiva para quien transgreda una perimetral. También, del proyecto que prevé botón antipánico y GPS para deliverys, y la creación de fiscalías especiales para entender en ciberdelitos. Sobre este último punto preocupan particularmente los hechos asociados de manera recurrente al Nuevo Banco de Santa Fe. Pedirán por la reapertura de comisarías, y por una mayor integración y coordinación con el trabajo de los municipios, sobre todo, el de esta capital.
Temario radical
Puesto que la convocatoria de parte del Ejecutivo a los integrantes de la Junta no incluyó un temario formal, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados remitió a la ministra de Gobierno, Celia Arena, su propio punteo con los aspectos que la oposición pretendería abordar. Juan Cruz Cándido planteó la necesidad de conocer el estado de las inversiones anunciadas en la última reunión, y ejecución presupuestaria correspondiente; evaluación de la aplicación de la Emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario; objetivos y planificación institucional del Ministerio de Seguridad, operativos policiales que se llevan a cabo en centros urbanos y zonas rurales y qué operatividad y medidas excepcionales se aplican para las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario.