El presidente del Consejo y, al mismo tiempo, de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, deberá fijar ahora la fecha de la jura, que en principio será esta misma semana.
La Corte Suprema resolvió tomarles juramento como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y a la diputada opositora Roxana Reyes, para completar la conformación de 20 miembros resuelta por el propio tribunal tras un fallo que declaró "inconstitucional" la reforma del cuerpo que impulsó Cristina Kirchner en 2006.
El presidente del Consejo y, al mismo tiempo, de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, deberá fijar ahora la fecha de la jura, que en principio será esta misma semana.
Las designaciones de Doñate y Reyes no son definitivas, pues la propia Corte aclaró que su convalidación está sujeta a la resolución final de los reclamos que tramitan ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal contra ambas designaciones.
La Acordada 11/22 firmada por los cuatro jueces de la Corte señaló que "la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez".
"Al encontrarse discutida dicha validez en sede judicial, es frente a los magistrados competentes donde deberá saldarse definitivamente cualquier discusión al respecto", explicó el documento.
Los jueces de la Corte subrayaron "la circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados", por lo que las designaciones tienen, de hecho, carácter no definitivo.
No obstante, "no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos".
En consecuencia –resolvieron- "corresponde disponer la toma de juramente de los consejeros, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en el marco de las causas".
En ese contexto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, "ha realizado el pedido formal para que el juramento de los mencionados consejeros se haga efectivo".
Tres diputados de Juntos por el Cambio denunciaron por el presunto delito de "sedición" al juez del Tribunal Oral número 29 Juan María Ramos Padilla, uno de los impulsores de las marchas que reclaman la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema.
Los legisladores Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, radicaron la denuncia que recayó en el Juzgado Federal número 11, hoy subrogado por Julián Ercolini, y quedó registrada con el número 1588/2022.
"Consideramos que los hechos llevados a cabo por el juez Juan María Ramos Padilla se subsumen en la conducta típica descripta en el Código Penal como sedición", señalaron los dirigentes opositores.
Esa figura establece que "serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado".
Tras una larga enumeración de las críticas de Ramos Padilla al Poder Judicial en general y a la Corte en particular, los denunciantes enfatizaron que esas expresiones surgieron en su calidad de presidente de un Tribunal Oral.
"Acusó de mafia, delincuentes, corruptos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se alzó contra sus fallos describiendo el fallo referido al Consejo de la Magistratura como un golpe de Estado. Ya había manifestado algo similar en diciembre del año 2021 en relación al fallo de la Corte relativo al Consejo de la Magistratura: ´No solo es delirante y golpista o con plazos de imposible cumplimiento, sino prevaricante´", recordaron.
El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se enfrentaron en una audiencia de mediación luego de que la referente opositora lo hubiera acusado de hechos irregulares en la negociación con el laboratorio Pfizer por las vacunas contra el Covid-19, aunque no se vieron cara a cara.
El proceso judicial es porque la ex diputada nacional denunció que la presencia de un intermediario en las negociaciones entre el Estado argentino y el laboratorio sugerían que hubo un posible pedido de sobornos, algo que fue negado por el Gobierno y desmentido incluso por Pfizer: ante ello, el mandatario interpuso la demanda y dijo que el resarcimiento será donado.
La ex ministra de Seguridad ratificó sus dichos y cuestionó al mandatario por no haber accedido a un careo: "No se animó a mirarme a los ojos".
"Se escondió en un cuartito y mandó una patota", lanzó Bullrich, acompañada por su abogado, Néstor Balian.
"Es una vergüenza que el Presidente de la Nación haya venido para quedarse en cuartito guardado. Lamento que el Presidente no tenga lo que debería tener para enfrentarnos cara a cara", insistió la titular del PRO en la vereda del Juzgado Civil 21, al tiempo que narró que ratificó sus declaraciones en torno a la falta de acuerdo con Pfizer en la pandemia. .
En ese sentido, profundizó: "¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo".
Por su parte, el abogado del jefe de Estado, Gregorio Dalbón, se adjudicó la decisión de reservar a su defendido y evitar el cara a cara con la referente opositora. "No teníamos intención de que se vean las caras, aparte ella dijo anoche que no iba a retractarse. Entonces al no haber retractación, las partes no tienen de qué hablar. Por eso decidí que Alberto Fernández no la vea cara a cara", aclaró.
Y continuó: "Bullrich no sabe de derecho. ¿Para qué íbamos a verle la cara? Se la vemos todos los días en LN+. Su justicia la tienen los sets de televisión".
A su salida en auto, la exministra despidió al jefe de Estado con señas que dejaban entrever que huía del lugar.
En el interior del Juzgado, tanto el Presidente de la Nación como la titular del PRO estuvieron en habitaciones separadas.
Al haber sido ratificado sus dichos por parte de Bullrich ahora procede la demanda, o sea aquella que inicialmente entabló el mandatario a través de su abogado Dalbón.
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