Legisladores de la oposición presentarán el lunes un pedido de juicio político contra el vicepresidente, Amado Boudou, ante el Congreso por aparentes “incompatibilidades” de su conducta con su función pública, anunció hoy la diputada nacional Patricia Bullrich.
“Es un tema delicado”, admitió la legisladora y explicó que se decidió, después de analizar informes, realizar la presentación junto a los diputados del PRO Federico Pinedo y Ana Bertol, además del peronista federal Eduardo Amadeo.
Bullrich indicó a radio Mitre que “consideramos oportuno avanzar en el pedido de juicio político” y señaló que “la gota que rebalsó el vaso fue la nota que le manda Boudou a la Afip pidiéndole un régimen especialísmo para una empresa, le pide una excepción” en favor de “sus amigos” en la imprenta Ciccone Calcográfica.
La diputada de Unión por Todos adelantó que el pedido se presentará ante la Cámara Baja el lunes, a las 16, y resaltó que más allá de la investigación judicial en marcha, el proceso de juicio político “juzga la conducta” del funcionario.
En ese marco, aludió a las irregularidades detectadas en el desempeño de Boudou cuando era ministro de Economía del gobierno kirchnerista y las acciones que realizó ante organismos del estado, como la Afip, en beneficio de amigos suyos que dirigían la empresa Ciccone donde, recordó la legisladora, entre otras cosas se “imprimieron boletas (electorales) del Frente para la Victoria”.
Defensa oficial
En tanto, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, salió a defender a Boudou de las acusaciones y cuestionó la actuación del juzgado que tramitó la quiebra de la compañía.
“El entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, no intervino en el pedido de quiebra de Ciccone ni tampoco en su levantamiento”, aseguró el funcionario y aclaró que “sólo evacuó una consulta técnica efectuada por la Afip, que además hizo lo que la ley le marca”.
Echegaray precisó que “quien levantó la quiebra (pedida por la Afip por incumplimientos) de Ciccone fue el juez Cosentino, el 3 de septiembre de 2010” a solicitud de la propia empresa y “no Boudou” y recordó que la quiebra había sido declarada el 15 de julio del 2010.
Aclaraciones técnicas
El funcionario habló ayer durante una conferencia de prensa convocada para “aclarar procedimientos técnicos” sobre las operaciones que llevó adelante la Afip en la quiebra de Ciccone Calcográfica.
Explicó que luego de decretada la quiebra, Ciccone se presentó para solicitar un plan de pagos para sus incumplimientos que incluía “una quita y condonación de intereses, multas y honorarios”, pedido que “excede las facultades que le da a la Afip el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario”.
Echegaray subrayó que fue en ese marco “que se remite la solicitud al Ministerio de Economía sobre la base de dictámenes jurídicos y por la relación funcional”. Reveló que “el entonces ministro Boudou contestó diciendo que ‘hagamos lo que la ley dice que tengamos que hacer’ y en consecuencia se le otorgó un plan de facilidades de pago a Ciccone a los efectos de cumplimentar la estrategia recaudatoria de Afip para empresas concursadas o fallidas”.
Enfatizó que “no” le fueron concedidos a la empresa los pedidos extraordinarios que había realizado.
Contra Boldt
En otro orden, cuestionó la decisión del juez Javier Cosentino -a cargo de la quiebra- de alquilarle a la firma Boldt las máquinas con las que operaba Ciccone. “Esta fue una decisión, a nuestro juicio, equivocada”, señaló Echegaray, que reveló que al conocerse la medida le pidió a la Justicia que le restituya a Ciccone la maquinaria.
Fundó este pedido en que “el objetivo de la Afip es cobrar impuestos y Ciccone había mostrado voluntad de pago”, mientras que “Boldt es una empresa que estaba teniendo inconvenientes con nosotros”.
Echegaray puntualizó que Boldt “fue denunciada penalmente por la utilización de facturas apócrifas, falsificación de documentos públicos y simulación dolosa de pago y sellos falsos”. El vicepresidente Boudou había responsabilizado a la empresa Boldt de las denuncias en su contra.
Fuente: DyN