Ley de ART: el gobernador giró 180 grados y despejó dudas

A las 12.30 del 23 de junio ingresó, por mesa de entradas del Senado santafesino, una nota del gobernador Omar Perotti que cambia por completo uno de los artículos de su proyecto de ley para la adhesión de Santa Fe a la reforma nacional sobre las ART, contenida en la ley 27.348 de Riesgos de Trabajo.

La norma fue sancionada en el país en febrero de 2017, impulsada por el ex presidente Mauricio Macri y apoyada ahora por la gestión del presidente Alberto Fernández.

En el Senado se discute la forma cómo la provincia adherirá (si finalmente lo hace) a esa legislación nacional que, en pocas palabras, baja el tiempo de la litigiosidad a cambio de hacerlo también con las indemnizaciones por accidentes laborales. Ese es el marco general de las discusiones que otra vez tienen como escenario las comisiones de la Cámara alta santafesina.

Con el cambio de posición del gobierno provincial sobre un artículo clave (que otorgaba un beneficio a la parte laboral, lo que fue eliminado en la nueva versión) comienzan a despejarse las dudas entre los senadores.

La nota firmada por el gobernador Omar Perotti y su ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, propone una modificación al proyecto original de la Casa Gris, respecto del artículo 12. El texto planteado en marzo decía que tendrían un efecto “devolutivo” el porcentaje de incapacidad que la junta médica otorgue al trabajador y ese monto a cobrar. Ahora se plantea, en cambio, un “efecto sustitutivo”. ¿Qué significa?.

Opción de hierro

La reforma nacional pone a los trabajadores que han sufrido un accidente laboral ante una opción de hierro: aceptar el porcentaje de incapacidad que les otorgue una junta médica especializada y provista por el Estado o acudir (como se hace hasta ahora en Santa Fe) a la justicia laboral y esperar pacientemente al fallo.

El proyecto original de Perotti le permitía a los trabajadores accidentados primero cobrar lo dictaminado por las comisiones a crear y luego, de no estar conformes, poder ir por más a la Justicia. No será así: la nueva versión vuelve al principio rector de la reforma nacional que logró el macrismo y apoya el actual gobierno justicialista.

En definitiva, quien acepte el porcentaje de incapacidad laboral dictaminado por la junta médica no podrá ir a tribunales.

La nota que ingresó al mediodía a la Cámara alta resuelve las quejas de las entidades de la producción que representan a la parte empresaria y no se aparta de lo que han legislado las demás provincias que ya aceptaron sumarse a la Ley Nacional 27.348.

Visitas

En dos oportunidades el ministro de Trabajo de la Provincia, Roberto Sukerman, concurrió a conversar con las bancadas del oficialismo y de la oposición que representan a los 19 departamentos.

Con el cambio que lleva apenas unas horas en la Cámara es probable que se avance. No está aún definido si será tratado en la sesión de este jueves 25, pero ya comienza a hablarse de una posible unanimidad.

Hasta la aparición del giro de 180 grados (por escrito como reclamaban parte de los senadores del justicialismo nucleados en el NES), en la Cámara alta nadie parecía dispuesto a ponerle el pecho a las balas y asumir el costo político de esa corrección.

Se trata de una puja sectorial sobre derechos laborales, obligaciones empresariales, ligitiosidad (y beneficios para los actores del fuero correspondiente), así como sobre los costos sobre los servicios de las aseguradoras de los riesgos de trabajo, las ART.

Juegan muchos: el gobierno nacional que impulsa la adhesión, sin prejuicios sobre el origen macrista de la reforma; los gremios que prefieren que no haya ley pero tampoco van a oponerse como lo hacían antes (en tiempos del PJ en la oposición); el gobierno provincial que no piensa apartarse de su obediente “sintonía” con la Casa Rosada, pero había ensayado su propio proyecto, que ahora no es muy distinto del que había propuesto el Frente Progresista (ver aparte); los abogados laboralistas, que consideran inconstitucional la reforma y celebran cada sesión sin avances; las aseguradoras, que quieren una norma santafesina lo más breve posible y ajustada al texto nacional; y las entidades de la producción que representan al sector empresario, que ve que en otras provincias -se diga lo que se diga- bajó la alícuota que determina el costo de las ART.

Preferencia

En mayo ya habían vuelto las reuniones de los senadores cara a cara, en el amplio recinto de la Cámara vecina. Las sesiones ahora llamadas presenciales (para diferenciarlas de las telesesiones) permiten discusiones más fecundas sobre temas espinosos. A mediados de ese mes se acordó una preferencia, por dos sesiones, para el proyecto de ART. Y ese plazo se cumple este jueves 25, pero habrá que ver si el tiempo es suficiente para abordar aspecto técnicos de la redacción de la norma, ahora que el Ejecutivo ha asumido que no se apartará de lo dispuesto por la reforma nacional.

El tema es objeto de fuertes disputas. Durante buena parte de 2018 y otro tanto de 2019 se fijaron en el Senado sucesivas preferencias hasta que, recién en julio del año pasado, se aprobó por unanimidad una media sanción. Luego, en la segunda mitad del año pasado, no fue tratada en Diputados.

Aquel texto -que ya pasó al archivo- se basó en un mensaje del entonces gobernador Miguel Lifschitz que recibió modificaciones de los senadores.

Alivio

El gobierno de Omar Perotti prefirió dejar que el tiempo se encargue de que perdiera estado parlamentario aquella media sanción. Optó por no habilitar su discusión durante las sesiones extraordinarias, esperó a marzo de 2020 y envió su propio mensaje al Senado, donde el PJ tiene la mayoría. Ahora corrige un artículo que parecía trabar todo.

Para los senadores, es un alivio que lo haga el gobierno: este es el tipo de leyes en las que se sabe que siempre se va a quedar mal con alguna de las partes.