Lifschitz confirmó que se hará cargo de parte del subsidio a transporte y energía

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“Nosotros podemos decir que en la provincia cerramos un año en el que pudimos cumplir todos los objetivos que nos propusimos en términos de inversión, de obra pública, de salud, de educación, y que pudimos cumplir con los objetivos y prioridades que nos fijamos”, aseguró el gobernador Miguel Lifschitz ante los integrantes del Consejo Económico y Social al cerrar la última reunión del año. “Pudimos garantizar que los salarios públicos se actualizaran con la cláusula gatillo, lo que fue una excepción respecto de la realidad del resto del país. Llegar a fin de año con un presupuesto equilibrado, con un grado de cumplimiento de todas nuestras obligaciones es muy importante y con buenas expectativas para 2019”, señaló para luego destacar los alcances del Presupuesto 2019.

La décima segunda asamblea plenaria del Consejo Económico y Social se realizó en el salón Blanco de Casa de Gobierno y el objetivo fue analizar la reciente presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el incumplimiento de pago sobre la deuda de coparticipación que mantiene el Estado nacional con la provincia. También se abordaron los alcances del presupuesto 2019, se realizó un balance de año y se plantearon las perspectivas de trabajo para el próximo año.

Lifschitz señaló que “fue un año complejo en la realidad nacional, que para muchos sectores comenzó con buenas expectativas en materia económica y, rápidamente, esas expectativas trastocaron en decepción, angustia, frustración o preocupación a medida que avanzaba la crisis económica que el gobierno adjudica a razones del contexto económico externo y regional, pero que muchos creemos que tiene que ver con las acciones y políticas que el propio gobierno eligió para enfrentar la realidad económica de la Argentina. Más allá de las valoraciones políticas, los indicadores son objetivos y nos muestran una realidad económica muy compleja en términos de pobreza, inflación, actividad económica, empleo, de aumento de la deuda pública y, al mismo tiempo, un escenario que podría complicarse durante 2019”.

Presupuesto

Más adelante, el gobernador defendió el sancionado Presupuesto. “A contramano de otros y del nacional, el de Santa Fe sigue priorizando la obra pública, la salud, la educación y la seguridad como servicios esenciales que debe prestar el Estado. La provincia se hace cargo de parte de los subsidios nacionales que dejan de venir el año próximo, como el subsidio al transporte y a la tarifa eléctrica.

Nos hacemos cargo de muchas restricciones que ha venido aplicando el gobierno nacional a partidas en las áreas de Salud y de Educación y que son indispensables para sostener esos servicios, como el Fondo de Incentivo Docente o muchos otros casos que tiene un fuerte impacto sobre el presupuesto de la provincia”.

Según Lifschitz, “el Presupuesto 2019 nos asegura poder seguir garantizando derechos en la provincia y, al mismo tiempo, seguir manteniendo una fuerte inversión pública, así como un equilibrio en las cuentas fiscales, a pesar de haber disminuido muy gradualmente la carga tributaria sobre el sector productivo, fundamentalmente el industrial”. Sobre el final dijo “llegamos a un buen punto en el fin del año y podemos pensar en arrancar 2019 con cierto optimismo, más allá de un contexto general que no parece ser positivo y que plantea muchos interrogantes. Contamos con ustedes, este espacio es muy importante para nosotros y seguramente lo será durante el año próximo”.

Luego fue el ministro de Economía, Gonzalo Saglione el que se encargó de explicar los alcances técnicos del Presupuesto y de la reforma tributaria votada.

En tanto, el Fiscal de Estado, Pablo Saccone dio detalles sobre la deuda de Nación por el fallo de la Corte, “Hay dos causas judiciales contra el gobierno nacional. La primera, y la más importante, es la relativa a la retención que hacía el gobierno nacional sobre el total de la masa coparticipable del 15%, a los fines de financiar el sistema de previsión social. El otro recurso fue impuesto por una detracción menor, de aproximadamente el 2%, de la misma masa de impuestos coparticipables, que iba a financiar la labor de la Afip”.

Recordó que el 24 de noviembre de 2015 la Corte Suprema resolvió ambas causas a favor de la provincia y manda, de inmediato, a hacer cesar la detracción, pero quedaban todas las detracciones hechas a partir de 2006. “Lo que siguió es conocido, se iniciaron las negociaciones, conducidas por el gobernador. Estas comenzaron con una propuesta concreta de la provincia de Santa Fe que atendía a las necesidades financieras provinciales, pero también cuidaba de no generar un impacto muy negativo en las arcas nacionales. Hubo idas y venidas, pero lamentablemente no se pudo concretar porque las propuestas del Estado nacional no nos garantizaban la intangibilidad del capital, frente al evidente proceso inflacionario. Así, en el Consenso fiscal firmado en el 2017, el gobernador introdujo una cláusula estableciendo un plazo procesal. Cumplido el plazo -y al no haber avances en las negociaciones-, pudimos recurrir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, ya que empezamos a transitar la etapa de ejecución de la sentencia. Es decir, queremos que se ejecute aquello sobre que la Corte nos dio la razón”.

Cruces twiteros

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, y el secretario de Carsfe, Ignacio Mántaras, cruzaron apreciaciones vía twitter sobre los alcances de la suba del Impuesto Inmobiliario Rural tras el reclamo de la entidad de un veto parcial al incremento que llegaría en algunos casos al 89% como informó El Litoral el pasado sábado.

“El inmobiliario rural sube un 26% en 2019 para los contribuyentes cumplidores. Sólo supera ese aumento para los que no tienen historial de cumplimiento o cuando sus propiedades se vienen beneficiando por tributar a precios sensiblemente inferiores a los valores de mercado”, escribió Saglione.

“Respetuosamente, sería atinado que se informe oficialmente el esquema completo del impuesto inmobiliario 2019, y no de manera sesgada. El aumento es del 40%, y luego se aplica el coeficiente de convergencia correspondiente (arts 5 y 9 del proyecto aprobado)” escribió el ruralista y desplegó una batería de cuadros y apreciaciones. “Desde @CARSFE se ha solicitado el veto parcial a @MiguelLifschitz , y solicita trabajar en 2019 sobre los avalúos y un esquema de inmobiliaria rural menos complejo, que provoca asimetrías graves”, concluyó.