Lifschitz pedirá disculpas en nombre del Estado a una joven abusada

Germán de los Santos | [email protected]

No es común que el Estado pida disculpas. Admita que cometió un error, que fue la propia telaraña de la Justicia la que garantizó la impunidad en un caso de abuso sexual hace siete años en Reconquista.

En una decisión inédita en el país, el gobernador Miguel Lifschitz encabezará este viernes un acto en el que el Estado le pedirá disculpas a C.E.R, una joven de 25 años que denunció a su padre en 2011 por abuso sexual en Reconquista y el caso terminó envuelto en una cadena de complicidades, que llevaron a que este hombre de 50 años fuera sobreseído por el juez de Sentencia Nicolás Muse Chemes, fallo que ratificó la Cámara de Apelaciones en lo Penal un año después.

Luego, el caso fue impulsado por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer, y llegó a la Comisión de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tras estudiar el tema resolvió que debía haber una reparación histórica a C.E.R.

“Después de que el caso llegara a esta instancia se resolvió que debía hacerse un ‘acuerdo amistoso’ para que el Estado reparara el daño que había causado a esta joven”, señaló en diálogo con El Litoral Soledad Salazar, ex concejal de Reconquista, quien impulsó junto a distintas organizaciones de género el proceso ante la ONU.

Se estableció, según detalló Salazar, que la reparación debía ser en tres partes. Por un lado, el Estado debía resarcir a C.E.R, otorgándole una casa y trabajo, ya que debió irse de Reconquista, donde había radicado la denuncia contra su padre.

Además, se instó a que el Estado realice una capacitación en cuestiones relativas al género en el Poder Judicial de Reconquista, donde -según la dirigente- “hay vicios machistas en la mayoría de los fallos donde hay mujeres involucradas”.

La última etapa es el pedido de disculpas del Estado hacia esta mujer que fue víctima, junto con sus hermanas, de abuso sexual, que es el acto que va a encabezar mañana el gobernador, y el caso quedó impune.

El caso

La causa se inició en Reconquista en 2011, cuando esta joven, que en ese momento tenía 19 años, denunció a su padre por abuso sexual. C.E.R era sometida a esos vejámenes desde los 13 años, junto sus hermanas. La justicia procesó ese año al padre por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, pero el juez Nicolás Muse Chemes lo absolvió en 2012, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal ratificó ese falló unos meses después.

“C.E.R. nunca se enteró del fallo porque no era querellante, debido a que la asesoraron mal en la Defensoría del Pueblo, por lo que no se podía apelar a la Corte Suprema. Entonces, el único camino que quedó fue elevar el caso a los organismos internacionales”, sostuvo Salazar.

En esa instancia, la Comisión de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer tomó el caso y resolvió que el Estado debía tener una postura distinta y reparar a esta joven.

El Ejecutivo provincial dictó el 2 de setiembre de 2016, el Decreto 2.234, por el cual se aprobó el ‘acta de compromiso de solución amistosa‘, en la que se comprometió a cumplir una agenda de reparaciones tanto individual como dar garantía de que no se repitiera esta situación.

Pero luego se generó una polémica, cuando el Ejecutivo provincial propuso en la Legislatura el ascenso del controvertido magistrado de Reconquista a la Cámara de Apelaciones. Después de varios pedidos para que se retirara el pliego, impulsado por Luis Rubeo y la concejala de Rosario Norma López y organizaciones de género y de derechos humanos, Lifschitz le bajó el pulgar. En marzo de 2017, el diputado radical Jorge Henn pidió que se investigue la actuación de Muse Chemes en otro caso polémico, cuando absolvió a Nilda Emilia “la Bibi” Sánchez, por graves acusaciones en su contra vinculadas a la promoción y facilitamiento de la corrupción y prostitución de menores, hechos denunciados por chicas de Vera y La Gallareta en 2012.