Majdalani arribó a las 9 al Juzgado Federal 2, a cargo de Juan Pablo Auge, acompañada por su abogado Juan Pablo Vigliero para cumplir con el trámite en calidad de imputada y presentó un escrito para recusar a la fiscal, quien también estuvo presente en la audiencia al igual que el juez del caso.
Entre los argumentos esgrimidos en su presentación para apartar a Incardona, la defensa de Majdalani aludió a una posible pérdida de imparcialidad para actuar en la investigación y recordó que los presuntos hechos de espionaje ilegal habrían ocurrido en el marco de una investigación de la que la fiscal participó.
Para mañana, está citado a declaración indagatoria el extitular de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas.Al ordenar las citaciones, el juez Auge sostuvo que ambos habrían tenido responsabilidad en el espionaje ilegal que hicieron ex agentes, entre ellos el ya procesado en el caso Alan Ruiz, mediante “vigilancias, observaciones”, almacenamiento de datos, generación de informes sobre personas “por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según la resolución.
En concreto, sobre Majdalani y Arribas el magistrado sostuvo que ambos firmaron una nota desde la AFI para ser entregada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia del Congreso, en la que negaron la existencia de espionaje ilegal alguno, el 9 de agosto de 2018.
La acusación a Majdalani gira en torno a su presunto ‘vínculo directo‘ con el ya procesado Ruiz.
La exfuncionaria habría tenido “conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de las vigilancias y observaciones” imputó el juez tras remarcar que los informes “eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y posteriormente éste se los elevaba a Majdalani”.
Majdalani cumplió el trámite de la indagatoria en donde escuchó las acusaciones y las pruebas del expediente. La ex “señora ocho” del macrismo habría insistido en rechazar las acusaciones en su contra y defender el sobreseimiento que se le dictó en Comodoro Py.
Para este martes, en tanto, está convocado Gustavo Arribas, quien fuera el director de la AFI durante el macrismo, y también imputado por la fiscalía en la causa. En su denuncia original, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, también promovió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri.
Arribas y Majdalani fueron convocados bajo la sospecha de haber dado “órdenes o instrucciones” a Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, para llevar adelante “tareas de inteligencia ilícitas” sobre la hoy vicepresidenta; y luego, al ser descubiertos, haber desarrollado una “maniobra fraudulenta mediante falsedad documental” para hacer ver que esas diligencias estaban justificadas en una causa judicial para prevenir atentados por la realización del G-20 y otros eventos de relevancia que se iban a desarrollar en el país.
Antes de presentarse a declarar, la defensa de Majdalani intentó frenar la indagatoria. La defensa pidió postergar la declaración el mismo día en que se solicitó. Se afirmó que se debía esperar la respuesta a un planteo que ellos mismos habían hecho ante el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. En Lomas de Zamora les dijeron que no. Y en Comodoro Py, el juez Martínez de Giorgi les había contestado que esa causa fue cerrada en 2018, con los sobreseimientos que los propios ex directivos de la AFI invocan para defenderse.
El Tribunal Oral Federal Nro 4 resolvió pedirle opinión al fiscal antes de resolver sobre la solicitud del empresario Lázaro Báez, quien pretende que se le baje el monto de la caución para poder acceder a su prisión domiciliaria.
El Tribunal 4 resolvió correr vista para que opine el fiscal de juicio Abel Córdoba, quién cuenta con tres días hábiles para hacerlo.
En consecuencia, es la posible domiciliaria Lázaro Báez mínimamente se demoraría hasta el miércoles o jueves de esta semana.
Abel Córdoba había dictaminado a favor de la prisión domiciliaria previo el pago de una caución real de cinco millones y medio de dólares, aunque finalmente el Tribunal Oral Federal 4 impuso la de 632 millones de pesos.
A fines de la semana pasada y al señalar que era de imposible cumplimiento al pago de ese monto de dinero, la defensa de Báez pidió una rebaja de la caución y paralelamente informó al tribunal que están negociando la presentación de un seguro de caución que les haga como garante del arresto domiciliario.