La "mala fe" del grupo Macri

De la redacción de El Litoral

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DyN/Télam

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, emitió un nuevo dictamen contra el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado, donde calificó la conducta de la empresa como “contraria a la buena fe” procesal e insistió en denunciar el carácter “abusivo” de la propuesta de la firma.

El Correo “privado” inició una demanda contra el Estado 15 días antes de la audiencia, para 46 días después de esa audiencia ampliar el reclamo por $ 2.364 millones más intereses del 11 por ciento, sin comunicarlo al fuero Comercial donde se desempeña Boquín.

En el nuevo dictamen presentado ante la Cámara, la fiscal advirtió que tomó conocimiento de una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada.

Esa demanda, se añadió, fue entablada 15 días antes de la audiencia en donde se acordó un convenio que -según calculó una oficina técnica a cargo de la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó, “implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”, un pacto que desató cuatro denuncias penales y un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas.

Según la fiscal Boquín, esa nueva demanda en el fuero Contencioso demuestra que la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”.

Para la fiscal, la posición de Correo en el expediente contencioso “convierte aun en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.

Esta semana, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al convenio firmado entre el Estado y el Correo por entender que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. “La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”, resaltó en su escrito.

“Jamás”

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo Mauricio Macri “jamás intervendría, ni intervino, ni va a intervenir, definitivamente” en el tema del acuerdo preliminar entre el Estado nacional y el Correo Argentino, y dijo que “mantenemos el discurso ético” en torno a la cuestión. “No llama la atención” que la resolución del caso se produzca en momentos en que el hijo del ex titular del Correo Argentino ocupa la primera magistratura del país. “Es un caso increíble en el que había una deuda congelada en pesos que no se podía actualizar porque la ley lo prohíbe, así como tampoco se podían aplicar intereses. A medida que iba pasando el tiempo se beneficiaba más el deudor y se perjudicaba el Estado”, dijo el senador oficialista.

¿Yo señor?

En la visión del ministro de Comunicación, hay perjuicio pero no lo produjo Mauricio sino el gobierno “K”.“La quita se hizo durante el kirchnerismo”, por lo que reclamó que “algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar” lo establecido durante el concurso de acreedores realizado en 2003.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, anticipó que el organismo iniciará una “actuación” sobre el asunto al reconocer que es “más que obvia” su intervención cuando hay “un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la Ley de Ética Pública”.

La presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador (FR), Graciela Camaño, consideró hoy que la Oficina Anticorrupción (OA) “no es la más adecuada para investigar al gobierno” nacional en torno al acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino, porque “está pensada como soporte de control de los funcionarios públicos, de manera tal que los funcionarios no cometan delitos”.

La legisladora consideró “una falta de ética que Macri padre y Macri hijo resuelvan los problemas de sus empresas en el marco del gobierno”.