Mariano Borinsky fue ratificado presidente de la Cámara de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal decidió este martes, por mayoría, mantener al juez Mariano Borinsky como su presidente para el período 2024, informaron fuentes que participaron de la reunión de Acuerdo General de ese cuerpo.

Borinsky, que este año quedó a cargo de la presidencia de Casación luego de que Ana María Figueroa cumplió los 75 años, seguirá ocupando ese lugar hasta el 31 de diciembre de 2024 y tendrá como vicepresidente primero a Daniel Petrone y segundo a Diego Barroetaveña.

La decisión fue alcanzada por mayoría, y no por unanimidad, porque los magistrados Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar expresaron su oposición a través de sus abstenciones, informaron fuentes del máximo tribunal penal.

De la reunión de Acuerdo General participaron Borinsky, Petrone, Barroetaveña, Yacobucci, Ledesma, Slokar, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, según quedó plasmado en el acta.

La Cámara de Casación tiene trece sillas: nueve están ocupadas por los jueces que asistieron al Acuerdo General, una por el juez Juan Carlos Gemingani (de licencia hasta julio próximo) y tres vacantes.

Durante el Acuerdo se puso sobre la mesa la propuesta de discutir también como se distribuirán las subrogancias para ocupar las vacantes durante 2024, pero no fue sostenido por la mayoría que decidió que cuando venzan las subrogancias actuales se sometan al sorteo de rigor.

De este modo, la Sala I quedó integrada por los jueces Petrone (Presidente), Barroetaveña (Vicepresidente) y Slokar (Vocal); la Sala II por Ledesma (Presidenta), Yacobucci (Vicepresidente) y Slokar (Vocal); la Sala III por Mahiques (Presidente), Carbajo (Vicepresidente) y Hornos (Vocal), y la Sala IV por Hornos (Presidente), Carbajo (Vicepresidente) y Borinsky (Vocal).

El apartamiento de Figueroa

Ana María Figueroa había sido elegida como presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal a mediados de 2022. Por aquel entonces, la jueza fue electa por mayoría en un acuerdo general de Casación en el que se mantuvo al juez Mariano Borinsky como vicepresidente primero y a Daniel Petrone como vicepresidente segundo del tribunal.

Tras el cese de actividades de Figueroa, en septiembre pasado, la presidencia de la Cámara de Casación quedó en manos de Borinsky, la vicepresidencia de Daniel Petrone y la segunda presidencia de Diego Barroetaveña.

La salida de Figueroa tuvo consecuencias directas en dos causas resonantes. En primer lugar, la Sala I reabrió la causa Hotesur-Los Sauces y ordenó juzgar a Cristina Kirchner y a una treintena de imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.

Ese caso fue elevado a juicio en febrero de 2019. Pero el TOF 5, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyó a los acusados.

La Sala I, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, además resolvió que los acusados por la llamada causa Memorándum con Irán, encabezados por Cristina Kirchner, enfrenten el juicio que estaba en marcha.

Los jueces sostuvieron que los argumentos del tribunal oral eran “forzados”, “arbitrarios” y “caprichosos”, interpretando prueba que ya estaba en el expediente como nueva para abrir la puerta a sobreseer a todos los implicados. Para Casación, el TOF no estaba habilitado para tomar esa decisión excepcional y por eso los terminó apartando de un futuro debate.

En noviembre, Cristina Kirchner recusó a los tres jueces federales que fueron sorteados para intervenir en ese juicio oral: Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.

En paralelo, Giménez Uriburu y Basso pidieron apartarse por cúmulo de trabajo. Pero la Casación rechazó las excusaciones.

Antes de resolver, el tribunal de superintendencia de Casación pidió un informe sobre el estado de situación de las vacantes de jueces en los tribunales orales y las causas que llevan.