Media sanción al endurecimiento del decomiso de bienes ilícitos

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados aprobó este jueves dos mensajes del Poder Ejecutivo y debido a esas votaciones -ambas por unanimidad- quedó sancionado el Programa Equipar y obtuvo media sanción una reforma al Código Procesal Penal sobre la figura del decomiso de productos, dinero o mercadería debido a delitos y contravenciones pero con la creación de ente autárquico que se ocupará de administrar dichos bienes. “Es una herramienta que apunta al corazón de las bandas que operan en delitos complejos: sus bienes” afirmó el socialista Rubén Galassi, miembro informante.

La aprobación de este mensaje del Poder Ejecutivo donde expusieron varios diputados se vio mezclado con apreciaciones sobre las fuertes críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la policía santafesina.

El proyecto en sí -con modificaciones en comisiones al sumar iniciativas del radical Jorge Henn y del socialista disidente Rubén Giustiniani- reforma los artículos 238, 239, 240, 242 e incorpora el 333 bis al Código Procesal Penal y por otra crea un ente autárquico en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos para administrar dichos bienes incautados.

La aprobación fue tras el paso de dos ministros del Poder Ejecutivo el pasado martes por la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo había ingresado el proyecto el 5 de abril pasado.

Lo que se dijo

Galassi, jefe de la bancada socialista y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de resaltar la importancia del tema que llegaba al recinto, deteniéndose en el largo trabajo realizado en el Poder Ejecutivo desde 2012 cuando en el ministerio de Seguridad se creó la subsecretaría de Delitos Económicos. Recordó que desde esa dependencia hubo colaboración en causas resonantes como Zacarías, Los Monos o cadenas de prostíbulos del sur santafesino.

“La reforma es un golpe a las ganancias del delito organizado. Es un trabajo estructural que se enlaza con otras leyes ya votadas”, sentenció.

Henn, en tanto, explicó el sentido de la reforma al 240 que introduce la obligación de los fiscales de secuestrar aquellas armas de fuego que se encuentren a disposición de los denunciados en conflictos interpersonales, de violencia familiar o de género.

“No son respuestas, son herramientas y esperamos que el Poder Ejecutivo y la Justicia tengan la decisión de utilizarlas” afirmó el kirchnerista Leandro Busatto. Con disidencia parcial en los casos de la disposición de bienes sin sentencia firme, el radical Santiago Mascheroni sumó su voz. Giustiniani, en tanto, dio cuenta del trabajo en el Congreso de la Nación donde un proyecto de su autoría fue aprobado por el Senado hace dos años y defendió la constitucionalidad de la norma. “El derecho a la propiedad nunca es absoluto”, advirtió.

El macrista Roy López Molina afirmó que “las bandas venden droga porque les deja dinero y por eso hay que apuntar a ese negocio” y sumó a su bloque al aval. También avalaron los justicialistas Luis Rubeo y Silvia Simoncini; el demoprogresista Gabriel Real y desde la izquierda Carlos Del Frade quien optó por detenerse más en las expresiones políticas cruzadas entre Nación y provincia y advirtió sobre lo que consideró una falsedad que la llegada de Gendarmería servirá para solucionar el problema de la inseguridad o de la droga en la provincia. “La expectativa de la presencia de Gendarmería en el territorio nada tiene que ver con los resultados que produce”, remató.

Llegó Equipar

Diputados sancionó la ley que autoriza a crear el programa Equipar Santa Fe. La Cámara aceptó los cambios introducidos la semana pasada por el Senado al mensaje enviado en marzo por el Poder Ejecutivo.

La ley habilita al Ejecutivo a comprar por hasta mil millones de pesos rodados, maquinarias, herramientas, ómnibus o minibuses para luego entregar a municipios y comunas que tendrán facilidades para el pago. Las comunas de 3 miembros podrán pagar en 72 meses; las de 5 en 60 y los municipios en 24 meses.

La Legislatura agregó una comisión de seguimiento integrada por tres senadores, tres diputados y seis integrantes del Ejecutivo para la aplicación de la norma.

Fiscales

Diputados decidió postergar por siete días el tratamiento del proyecto de creación de nuevas fiscalías al no poder acordar entre el proyecto girado por el Senado y la iniciativa propia de los radicales Henn y Tejeda. Varios diputados justicialistas consideraron más completo el proyecto del Senado porque además de fiscales contempla cargos en el Ministerio Público de la Acusación. “Se necesitan más empleados que fiscales” dijo Luis Rubeo quien dijo haber hablado el tema con funcionarios judiciales.