Aunque en la Legislatura santafesina todos los ojos estuvieron puestos en una ley que busca una reforma previsional para enderezar los números de la Caja de Jubilaciones, también se tomaron otras decisiones importantes. Entre ellas, el Senado les puso nombre y apellido a sus representantes en la Mesa de Implementación de Juicio por Jurados, que cuenta con representantes de los tres poderes y de los actores del sistema penal para dar ese salto en ciertos procesos.
Entretelones de la política provincial
Mesa clave
El presidente de la bancada radical en el Senado de la Provincia, Rodrigo Borla, como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General integra la mesa que llevará adelante el inicio de los juicios por jurados. En el debate de esa ley fue el miembro informante por la mayoría. Crédito: Luis Cetraro 14:46
Los senadores Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio) y Rodrigo Borla (UCR-San Justo) de Unidos para Cambiar Santa Fe van a representar al oficialismo y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) irán por la cámara de 19 bancas.
Borla es el presidente del bloque radical mayoritario y en ese carácter encabeza el interbloque con otras fuerzas como Unite, el PS y Creo. En tanto, Gramajo y Traferri, ambos peronistas pero en veredas diferentes de oficialismo y oposición también son integrantes de la comisión bicameral más poderosa de la Legislatura, la Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que aconseja sobre los pliegos enviados por Poder Ejecutivo para cargos en la Justicia y también para aplicar sanciones a fiscales y defensores públicos del fuero penal.
La tarea de la mesa para implementar el juicio por jurado popular tiene por delante una ardua tarea para asegurar las condiciones con que actuará un jurado compuesto por 12 ciudadanos (habrá 2 suplentes) ante delitos graves como homicidios, abuso sexual seguido de muerte, y también para que la sociedad juzgue el accionar policial y penitenciario en casos de enfrentamiento.
Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena. "La Constitución Nacional de 1853 y la reforma de 1994 establecen esa figura que hasta ahora sólo estaba implementada en diez provincias", recuerda un parte de prensa de Borla.
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