En el Senado, la oposición se abroquela contra las designaciones de Lijo y García-Mansilla para la Corte

La decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto y en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia desató el rechazo de gran parte del arco político opositor en el Senado de la Nación.

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO salieron a poner de manifiesto su desacuerdo y objetaron la medida tomada por el mandatario.

Las designaciones abrieron un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ya que los pliegos de Lijo y García-Mansilla no fueron tratados el año pasado por la Cámara alta y el gobierno decidió avanzar por una vía alternativa.

Así, mientras la oposición remarca el rechazo al decreto y hecha mano a los mecanismos parlamentarios disponibles para anular la decisión, el oficialismo ratifica la legalidad del procedimiento fundamentada en la necesidad del óptimo funcionamiento del Máximo Tribunal.

Una vez transcurrida la inauguración del período de sesiones ordinarias este sábado 1 de marzo, el Senado podría pedir una sesión especial para la segunda semana de marzo para tratar los pliegos, si antes Milei no los retira, ya que desde junio pasado yacen en consideración de la Cámara Alta.

UxP: "Manifiestamente inconstitucional"

Los senadores del interbloque de UxP expresaron su preocupación ante la decisión presidencial en un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte” en el que señalaron que "esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional".

Los legisladores del peronismo argumentaron que el procedimiento adecuado para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado, y que el uso de un decreto vulnera la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.

"Conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”, reprocharon.

Además, adelantaron que tomarán las medidas legislativas necesarias para revertir estas designaciones y garantizar el respeto por los procedimientos constitucionales. “Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”, expresaron.

UCR: "Grave, imprudente e innecesario"

Por su parte, el bloque de senadores de la UCR también manifestó su oposición a la medida adoptada por el Ejecutivo mediante un escueto comunicado, en el que calificaron los nombramientos por decreto como "grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”.

Asimismo, subrayaron que este tipo de acciones socavan la confianza en las instituciones democráticas: “A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron.

Los senadores radicales acarrean fuertes diferencias al interior del bloque, que salieron a la luz en la última sesión en la que votaron fragmentado en el proyecto de conformación de una comisión investigadora por la promoción presidencial del criptoactivo $LIBRA.

Por su parte, en Diputados, los radicales que presentan una postura más dialoguista con el gobierno consideraron que el decreto “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación”.

El PRO, con internas, apunta a Lijo

En el seno del PRO, la designación de Ariel Lijo generó divisiones internas. El partido amarillo no logró unificar posturas respecto de si convalida o no el instrumento que utilizó Milei para ocupar las vacantes en la Corte, por lo que a diferencia de las demás fuerzas no emitió un pronunciamiento institucional.

Buscnando zanjar las diferencias, la fuerza tuvo este miércoles una reunión de la mesa ejecutiva que encabezó el jefe de PRO, Mauricio Macri, de la que participaron el senador Alfredo De Angeli, los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el senador nacional Alfredo De Angelis (de Entre Ríos), el Jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

Luego de la reunión, el jefe de la bancada de senadores del PRO, el entrerriano De Angeli, afirmó este miércoles que "la mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo". Por su parte, Mauricio Macri optó por no dialogar con la prensa.

Las tensiones dentro del partido se dan en torno a la figura de Lijo y la metodología empleada para su nombramiento. En tanto que sobre García-Mansilla, De Angeli sostuvo que su dictamen ni siquiera tiene las firmas para ser discutido en el recinto de la Cámara alta: "Va haber un gran debate dentro del Senado. Lo tengo que hablar con los integrantes del bloque".

La Casa Rosada, contra el Senado

Ante las críticas de la oposición, el gobierno defendió la decisión del presidente y acusó a la Cámara alta de “dilatar” los pliegos, impidiendo el funcionamiento de la Corte Suprema. Así lo hizo el portavoz Manuel Adorni en su conferencia de este miércoles: "Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros".

Según el vocero, la medida se adoptó ante la necesidad de normalizar el funcionamiento de la Corte Suprema, que actualmente opera con solo tres ministros, lo que dificulta su labor y afecta la administración de justicia en el país.

Este argumento consta en el articulado del decreto 137/2025, recordando que se postuló a Lijo y a García-Mansilla para ocupar las dos vacantes en el Máximo Tribunal a raíz de la renuncia presentada por la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco en 2021 y la segunda por la renuncia de Juan Carlos Maqueda desde diciembre de 2024.

Respecto a la legitimidad del procedimiento, el decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente "a cubrir vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

De manera que las designaciones en comisión no eximen a que el Ejecutivo pase por el Senado, aunque habilita a los magistrados a ejercer. La Cámara alta, entonces, deberá tratar los pliegos nombrados bajo esta figura y someterlos a votación en el recinto, donde podrán ser aprobados o rechazados, dependiendo del consenso que reúna el oficialismo.