Sergio Massa congela las contrataciones en el Estado
La medida apunta a garantizar el ejercicio eficiente y responsable de los recursos de la administración pública.
Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación.
Miércoles 24.8.2022
17:22
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El ministro de Economía, Sergio Massa, estableció el congelamiento de las contrataciones de la planta y de las empresas y sociedades del sector público, así como privadas prestadoras de servicio. Además, las nóminas de personal serán monitoreadas e informadas mensualmente por el INDEC.
En este sentido, a través de su cuenta de Twitter, el titular del Palacio de Hacienda destacó la medida establecida mediante la Decisión Administrativa 827/2022, y aseguró que “uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”.
Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes. pic.twitter.com/KbPQzaGJ62
La norma publicada en el Boletín Oficial establece que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N°426/22, las jurisdicciones y entidades del sector público nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, individualizando las mismas.
Asimismo, se establece que las empresas y sociedades del Estado y las privadas que tengan participación estatal, deberán informar mensualmente al INDEC la variación de su personal, tal como se dispuso en la Decisión Administrativa 827/2022 en el marco de la prohibición de realizar nuevas designaciones y contrataciones.
En su tweet, el Ministro también publicó un video en el que se remarca la necesidad de avanzar en el “congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada". Además, se precisa que “cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas, que también estarían alcanzadas por esta limitación”. “Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta y el INDEC va a publicar el seguimiento de estas declaraciones, para que sea de acceso público", agregó Massa en su mensaje.
La Decisión Administrativa abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Además, contempla a los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.
La norma también abarca a las contrataciones bajo el régimen de locación de servicios en forma individual, y prohíbe la contratación de empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (T.O. 1976) y sus modificaciones y la Ley de Empleo N° 24.013 y sus modificaciones.
Finalmente, se aclara que no estarán alcanzadas por la prohibición las contrataciones de personal por circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado, de acuerdo a las particularidades de cada empresa o sociedad.
Esta medida se enmarca dentro del objetivo de orden fiscal planteado por Sergio Massa desde el inicio de su gestión, que entre otras decisiones define al Presupuesto 2022 como techo de gasto, tal como se acordó en el encuentro junto a los responsables de administración de los Ministerios del Gabinete Nacional.
Asimismo, se decidió no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año y se realizó un reintegro por 10.000 millones al Banco Central.
En la misma línea, se dictó la Decisión Administrativa N° 826/2022, la cual dispone una compensación de créditos presupuestarios, rebajándolos en varias jurisdicciones e incrementándolos en el Tesoro por $210.000 millones.