El Litoral | politica@ellitoral.com
NA
El gasto social tendrá un ajuste de un punto porcentual del Producto Bruto si se aprueba el proyecto oficial de Presupuesto 2019, advirtió un estudio privado, en el cual se hizo notar que salud y educación serán los más afectados.
El Litoral | politica@ellitoral.com
NA
El informe fue elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y advirtió que “el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años”.
En ese sentido, alertó que “se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales”.
Estimó que el programa de asignaciones familiares caerá un 3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%.
Consideró que la educación será “de las partidas más afectadas” por entender que “se invertirá 5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
Además, evaluó que el sector de la salud también será perjudicado ya que se invertirá 1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niños y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria. “Si se aprueba el Presupuesto nacional para 2019, se completa un ajuste de un punto porcentual del PBI del gasto social”, subrayó.
Evaluó que “se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales” que representará una caída de 13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca.
El sondeo puntualizó que se invertirá 1.872 millones menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.
También apuntó: “Los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados”.
“Se invertirá 136,4 millones menos en acciones de capacitación laboral, 414,8 millones menos en formulación y regulación de política laboral y 83 millones menos en fiscalización del trabajo no registrado”, indicó la entidad. Además, alertó que “habrá 16.025 pensiones por invalidez menos”.
La situación del empleo
Si la recesión económica se prolonga, la destrucción de empleos se va a acelerar, ya que “la volatilidad cambiaria, las muy elevadas tasas de interés y la aceleración inflacionaria” provocan una “severa tensión sobre las pymes”, advirtió un informe de la consultora IDESA.
Según ese trabajo, aunque los últimos datos oficiales sobre empleo asalariado privado registrado (junio 2018) “no muestran pérdidas importantes, es previsible que si la recesión se prolonga, la destrucción de empleos se acelere”.
IDESA puntualizó que “las condiciones fiscales y monetarias (donde entre el déficit fiscal y los bonos de muy corto plazo del Banco Central prácticamente igualan la cantidad total de dinero en poder del público), dejan poco espacio de maniobras para relajar al ahogo financiero de las empresas”.
“De aquí que urge pensar en herramientas innovadoras que morigeren los impactos sociales de la crisis y preparen las condiciones para una rápida recuperación”, añadió la consultora.
Y advirtió que el Congreso “ha demostrado ser incapaz de avanzar en modernizar las regulaciones laborales. Frente a las urgencias que imponen la crisis apremia buscar soluciones más simples e innovadoras”.