Por Jorge C. Baclini
Fiscal General del MPA
Por Jorge C. Baclini
Fiscal General del MPA
Una lectura institucional de los casi ocho años transcurridos desde que se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal permite arribar a una conclusión muy clara: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) continúa avanzando en un sostenido proceso de afianzamiento y consolidación institucional. Asimismo, el MPA adquirió un rol determinante para las víctimas de delitos y supo cumplir su rol social a partir de la construcción de vínculos con actores y actoras de diversos sectores de la provincia y del país.
Algunas estadísticas permiten corroborar ese proceso de afianzamiento. Mientras en 2014 se realizaron 8.600 audiencias de primera y de segunda instancia, en 2021 fueron más de 24.000.
En relación a los juicios orales y públicos, en 2014 se hicieron 11; en 2021 fueron más de 160.
Otro dato significativo es la cantidad de personas privadas de su libertad en cárceles y sedes policiales en toda la provincia. En 2008 eran 3.794 personas; al 30 de junio de 2021 son 7.952.
Nuestra gestión comenzó en 2017. Una de las marcas distintivas es la decisión de profesionalizar cada vez más las áreas de Criminalística y de Delitos Complejos. En función de ello, venimos invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos para consolidar estos espacios en toda la provincia y trabajamos arduamente para poner en marcha laboratorios en las cinco Fiscalías Regionales.
La perspectiva de género, por su parte, también es otra de las características transversales de nuestro trabajo al frente del MPA. Son ejemplos de esta convicción los recursos financieros y humanos destinados al abordaje de la problemática; los protocolos elaborados y adoptados por diferentes actores y actoras institucionales; los informes estadísticos que se producen sistemáticamente y las capacitaciones brindadas en relación al tema.
Asimismo, proyectamos y logramos resultados muy significativos en la expansión del MPA a toda la provincia. En tal sentido, ya están funcionando las delegaciones de Funes y Roldán (Fiscalía Regional 2); las de Avellaneda y Villa Ocampo (Fiscalía Regional 4) y el anexo de la Unidad Fiscal Las Toscas (Fiscalía Regional 4) en el que inauguramos una cámara Gesell.
En otro orden, el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema informático propio de apoyo a la investigación y gestión de causas -denominado Heimdall-, representa un punto de inflexión. Marcará un antes y un después institucional por dos motivos: por un lado, porque permitirá agilizar y mejorar la tarea diaria de todas las personas que integran el MPA; y por otro, porque fue elaborado por personal y especialistas de la Fiscalía General.
Por último, y pensando en el año que comienza, continuaremos planteando en las instancias institucionales que correspondan la necesidad de modificar el régimen disciplinario de Fiscales y Fiscales Adjuntos/as, que ahora depende del Poder Legislativo de la provincia. Insistimos en que las modificaciones implementadas a la ley provincial número 13.013 implican un avasallamiento a la independencia y a la autonomía del MPA. Por eso, sostenemos firmemente que debe volverse al régimen original en el que los y las Fiscales y Fiscales Adjuntos/as no estaban sometidos y sometidas a un control político, sino a un sistema disciplinario jurídico que seguía los lineamientos de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial y que era similar a lo regulado por las leyes orgánicas de los ministerios públicos de todo el país.
Los últimos dos años de trabajo tuvieron la particularidad de estar atravesados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, más allá de las restricciones y de los obstáculos sanitarios, el MPA nunca dejó de funcionar. Las puertas de las fiscalías siempre estuvieron abiertas en toda la provincia, garantizamos el acceso de la ciudadanía a la Justicia, aseguramos el cumplimiento de nuestros objetivos de política de persecución penal y dimos continuidad a todos los proyectos que habíamos previsto para 2021.
Se trató de una verdadera capacidad de adaptación ante la adversidad que responde a una virtud institucional: la planificación estratégica de la gestión pública concebida a la luz de la vinculación y del diálogo permanente con agentes institucionales locales, provinciales y nacionales. Asimismo, esa flexibilidad institucional para adaptarse ante la imprevisibilidad, no hubiera sido posible sin el compromiso de todas las personas que integran el MPA.