El MPA advirtió sobre la presencia de un centenar de chatarrerías no habilitadas en el Gran Santa Fe
Fue durante la reunión para discutir la problemática del robo de cables. Prestadoras de energía, gas, telefonía e internet dieron detalles de los perjuicios sufridos. En la otra audiencia se escucharon ponencias sobre una ley de promoción del deporte femenino.
Martínez, Farías, Cattalini y Baclini en el hemiciclo de la audiencia pública sobre robos de cables. Créditos: Guillermo Di Salvatore
El Ministerio Público de la Acusación estima que en el Gran Santa Fe funcionan unas 120 chatarrerías de las cuales sólo cinco contarían con la habilitación correspondiente. Están en la zona norte de esta capital, en Santo Tomé y en la costa. El dato lo planteó el fiscal regional I, Carlos Arietti, y fue ratificado por la fiscal Clelia Trossero. Fue durante la segunda audiencia realizada por la Cámara de Diputados para discutir la problemática de robos de cable de tendido eléctrico y de teléfono.
Esta audiencia tiene como base dos proyectos de ley ingresados por Oscar Martínez (Frente Renovador) y Lionella Cattalini (PS). Más tarde, la Cámara realizó otra audiencia pública y en este caso para discutir una ley de promoción del deporte femenino a través de una iniciativa de la socialista Gisel Mahmud. En ambas audiencias estuvo presente el titular de la Cámara, Pablo Farías.
En la audiencia sobre robos de cables, se escuchó la ponencia de vecinos y comerciantes de barrio El Pozo y de directivos de empresas prestadoras de servicios: Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas; Telecom, EPE, Claro, Litoral Gas. En todos los casos dieron detalles del impacto que les producen los robos y hubo coincidencias en señalar que el objetivo es hacerse del cobre que tienen los conductores o transformadores. En el inicio de la audiencia, Cattalini marcó que Argentina que no produce cobre, lo exporta. "El cobre no tiene marca" señaló el cooperativista Ricardo Airasca quien señaló que los usuarios no advierten que el robo los afecta a ellos que se quedan sin servicios. Alejandro Saavedra de Telecom remarcó los graves problemas que padecen en Rosario con un costo de 160 millones de pesos de pérdidas. Diego García Olmedo de la firma Claro señaló que los ataques dejan sin conectividad a barrios enteros porque se ataca la fibra óptica. Jorge Tarquini de EPE estimó en 300.000 dólares los daños del año pasado a la red especialmente a transformadores de las grandes ciudades. Denunció ataques a líneas tendidas debajo de los puentes de la ruta 168 y del puente Carretero que une esta capital con Santo Tomé e informó un robo de ayer a la mañana en el parque fotovoltaico de San Lorenzo aledaño a la autopista. Desde Litoral Gas se advirtió sobre el robo de flexibles de cobre que pueden generar llamas de hasta metros de altura.
Luego fue el turno del MPA. Primero el fiscal general, Jorge Baclini, pidió que se fomente la denuncia para armar mapas de delito y puso como ejemplo lo que viene realizándose en la regional I. Hizo notar las dos patas del tema: el que roba y el reducidor. Arietti explicó que ante la reiteración de robos especialmente en cementerios designó una fiscal especial para el seguimiento del tema, Clelia Trossero. Además de los robos a cementerios se sumaron la sustracción de cables, de material ferroviario, bocas de tormentas, redes de aguas, etc. Son 138 causas iniciadas en el interior de la provincia y 300 en esta capital donde incluso mostró fotos de operativos de recuperación de elementos robados a EPE y a ferrocarriles. "Hay 67 personas condenadas y otras tantas en instancias de ir a juicio o a procedimientos abreviados". Incluso dio detalles de allanamientos de las últimas horas en Gálvez a instancias de una denuncia de la cooperativa de esa ciudad.
Arietti dio detalles de lo recuperado y dejó el dato de 120 chatarrerías funcionando en forma irregular, tema que no fue dejado pasar por Oscar Martínez. Trossero dijo no tener un listado pero si relevamientos que realiza como vecina de la zona junto a la Agencia de Investigación Criminal. La fiscal incluso recomendó para la futura ley incluir el control de cartas de porte porque el traslado de lo robado se hace en camiones de gran porte.
El fiscal municipal, Leandro Maiarota se explayó sobre las denuncias presentadas por robos en el cementerio e incluso en parques. "Es necesario un trabajo conjunto entre los poderes del Estado" señaló el fiscal. Hubo primeros cruces sobre el alcance del control municipal sobre chatarrerías o de la provincia, se habló de leyes nacionales y provinciales y el debate parece llegar este jueves o el próximo al recinto. Sobre el final, la postura del director del Enacom, José Corral y del comisario José Puchetta del ministerio de Seguridad.