El Litoral | politica@ellitoral.com
En Santa Fe, son 210 mil los usuarios beneficiados por el sistema que quedará sin recursos nacionales.
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El gobierno nacional dejó sin efecto, a partir del 1 de enero próximo, la aplicación de la llamada Tarifa Social por consumos de hasta 150 kw mensuales que reconocía a hogares o personas con necesidades sociales. La decisión que anunció en términos generales el presidente Mauricio Macri el pasado lunes y que venía siendo objeto de negociaciones con los gobernadores para el presupuesto 2019 se concretó mediante la resolución 122 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
“Establécese que a partir del 1 de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, sus modificatorias y complementarias, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los agentes distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)” dice el instrumento acompañado por amplios fundamentos.
En los considerandos se recuerda que al establecerse el régimen tarifario para el verano 2016 “se tuvo en especial consideración la trascendencia social del servicio eléctrico, en el entendimiento de que parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los precios establecidos con carácter general”. Así la tarifa social determinó que los beneficiarios no pagaban los primeros 150 kw mensuales y tenían costos reducidos cuando superaban ese umbral siempre y cuando su consumo sea menor o igual al registrado el mismo mes del año anterior.
El Tesoro Nacional se hizo cargo del pago a los prestadores eléctricos de esa tarifa social que en el caso de Santa Fe alcanza a 210.000 usuarios residenciales.
La resolución señala que “ha sido decisión política del Gobierno Nacional que el proceso de normalización del precio mayorista de la energía eléctrica iniciado en el 2016 contemplara la puesta en funcionamiento de la Tarifa Social, cuyo sostenimiento supuso un sustancial aporte del Tesoro Nacional, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren los usuarios beneficiarios del referido régimen”. Acota que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones, mediante los mecanismos que oportunamente se implementen en cada una de ellas”.
Impacto
Esta semana, en El Litoral, la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, le puso números a sus temores: si se caen las tarifas sociales a la energía eléctrica tendrían graves problemas con sus facturas de la EPE nada menos que 210.000 usuarios.
Desde el tarifazo de 2016 comenzaron a recibir esos descuentos -que fueron diezmados por Juan José Aranguren antes de su salida hace un par de meses- pero aún así, para quienes se han atado al consumo mínimo, les representa un ahorro importante. Son unos $ 2.000 millones en tarifas sociales a la energía que hoy pone la Nación entre los santafesinos.
La EPE ya ha garantizado que no tocará sus tarifas sociales a 140.000 jubilados que cobran el haber mínimo. Se trata de un beneficio que existe desde hace décadas y comprende consumos bajos.
Boletín Oficial
La publicación en la web del Boletín Oficial de la Nación este miércoles se conoció recién después de las 17 cuando es habitual que esto acontezca en las primeras horas de la madrugada.
Voceros oficiales no precisaron las razones de la demora. En cuanto al contenido comienza con el nuevo organigrama de gobierno dispuesto por el decreto 801 que reforma la ley de Ministerios. Dicho organigrama había sido anunciado por medio de un comunicado por la Casa Rosada.
El Boletín Oficial es el diario oficial de la Argentina, medio por el que el Estado publica sus normas jurídicas y otros actos de naturaleza pública, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo y Judicial. Según el artículo quinto del Código Civil y Comercial, la publicación de las leyes es un paso necesario para su obligatoriedad.
Squeff
En el Boletín Oficial está la designación como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República Federal de Nigeria de la santafesina María del Carmen Squeff, ministra plenipotenciaria de primera clase.
Entre otros destinos, Squeff tuvo a su cargo la embajada argentina en Francia.