La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió enérgicamente “el plan de espionaje y criminalización contra un editor periodístico de Santa Fe” por parte del ex ministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Sain.
“La utilización del poder del Estado para perseguir y hostigar a medios, editores y periodistas, configura un grave atentado contra la libertad de expresión, además de un inadmisible abuso de autoridad”, sostiene la entidad.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió enérgicamente “el plan de espionaje y criminalización contra un editor periodístico de Santa Fe” por parte del ex ministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Sain.
La agrupación alude a los audios de 2020 conocidos en los últimos días en los que el ex funcionario ordena «ir perfilando» al CEO y accionista mayoritario de El Litoral, Nahuel Caputto, e «ir contra él». También agregó que «a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal»; a la vez que pidió «poner un grupo para trabajar esto».
Como en otras oportunidades, Adepa remarca que “la utilización del poder del Estado, ya sea a través de sus servicios de inteligencia como de otros organismos, para perseguir y hostigar a medios, editores y periodistas, configura un grave atentado contra la libertad de expresión, además de un inadmisible abuso de autoridad que violenta garantías constitucionales básicas.
“El hecho resulta más serio por su indudable fin disuasorio, al configurar una represalia ante el ejercicio periodístico y al mismo tiempo una actitud persecutoria con fines de silenciamiento o condicionamiento editorial. Todos hechos reñidos con la ley, que vulneran abiertamente la libertad de informar protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, añade la entidad.
Para Adepa, “es necesario no sólo condenar las autoritarias y violentas manifestaciones del ex funcionario, sino requerir su efectiva investigación y sanción judicial. Y al mismo tiempo, solicitar que Poder Ejecutivo provincial tome distancia de los dichos aludidos a través de un claro y contundente repudio”.