El bloque Vida y Familia pidió informes por el caso de la niña abusada en Garibaldi

Los diputados provinciales Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia), enviaron una nota al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en la que solicitan “se informe respecto de la notoria exposición que se hizo del caso de una niña de 12 años oriunda de la localidad de Garibaldi víctima de abuso sexual –quedando embarazada- a través de medios de comunicación masivos”.

“En este marco, impera conocer las razones de tamaña exposición, hecho que vulnera gravemente el derecho a la intimidad de la niña en cuestión, toda vez que al presentarse el caso en una localidad tan pequeña es posible identificar fácilmente a las personas involucradas”, dice el documento y añade que, “asimismo, urge que el Ejecutivo dé cuentas a la ciudadanía sobre la forma en que se llevó adelante el abordaje del caso. Cómo se procedió desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, medidas adoptadas ante la individualización del presunto abusador –sobre quienes pesaban reiteradas denuncias desde seis meses antes a que cobrara notoriedad el embarazo de la menor-, qué protocolo se aplicó, qué medidas alternativas a la realización del aborto se le ofrecieron y si fue constituido un equipo interdisciplinario para brindar un acompañamiento integral, cumpliendo con estándares acordes a la compleja situación planteada”.

“Consideramos alarmante el avasallamiento que desde el Estado provincial se está haciendo a derechos humanos de lo más fundamentales, tales como el legítimo ejercicio de la libertad de elección de los ciudadanos sin presiones externas y el desconocimiento del principio de autonomía sanitaria establecida en la ley civil, todo ello con el fin de imponer la aberrante práctica del aborto”. Práctica que, si bien fue establecida por la inconstitucional Ley N°27.610, crea un falso derecho al aborto y regula de manera notoriamente deficiente el proceso de consentimiento informado que se debe cumplir para la realización de un aborto. El presente caso resulta un caso testigo de la violación sistemática por parte del Estado a la libertad y voluntad de las personas involucradas, toda vez que se manipuló la forma de comunicar lo que estaba ocurriendo y se presionó a la madre de la menor para que autorice la práctica, luego de una serie de presiones y coacciones”, manifiestan los diputados en el escrito.

“Valga recordar -agregan- que el aborto forzado constituye un grave acto de violencia institucional y contradice las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Argentino al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ya que este instrumento -de jerarquía constitucional- rechaza expresamente cualquier posibilidad de su comisión”.

“En el mismo orden de ideas, cabe citar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo principio rector es el “interés superior del niño”, principio que constituye la obligación principal de todo Estado de asegurar el respeto de las garantías en ella enunciadas sin discriminación alguna. En el caso de referencia, todas estas garantías de la niña y de su hijo fueron absolutamente desconocidas, sin intentar –al menos- una mínima aplicación de los derechos reconocidos en la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, consideraron.

Por ello, solicitaron información sobre “si se dio apertura a procedimientos administrativos disciplinarios en torno al abordaje del caso en cuestión, cuáles serían y en qué estado se encuentran los mismos”.

Finalmente, Mayoraz y Belavi solicitaron también que se informe sobre qué abordaje se está llevando adelante con la niña y su familia, en forma posterior a la realización del aborto, “sobre todo para evitar los efectos del síndrome post aborto”.