El Litoral
Télam
El gobierno ordenó la desclasificación de toda la documentación vinculada al fallecido fiscal.
El Litoral
Télam
La medida, adoptada a través del decreto 176/2016 que se publica hoy en el Boletín Oficial, se suma a la resolución de ayer de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dispuso que los agentes de inteligencia en actividad o retirados que tengan datos clasificados sobre la muerte de quien fuera titular de la UFI-AMIA fueran relevados del secreto para que puedan volcarlos en la investigación judicial del caso que lleva adelante la jueza Fabiana Palmaghini.
En esta nueva decisión respecto al caso de la muerte del ex titular de la UFI-AMIA, el Poder Ejecutivo dispone “la desclasificación de la totalidad de la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia Federal de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o cualquier otra dependencia respecto del fiscal general Natalio Alberto Nisman desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente".
La orden emanada por el presidente Mauricio Macri abarca toda información ya "sea de origen de inteligencia nacional o proveniente de servicios colaterales, en cuyo caso se deberá preservar las identidades de los agentes de inteligencia pertinentes".
Asimismo, se instruye a los organismos citados “para que, dentro de los 30 días de publicado el presente decreto, remitan la totalidad de la documentación, archivo y/o información precitada al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, Secretaría N° 161”.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero del año pasado en el baño de su departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.
Su deceso se produjo un día antes de que el entonces titular de la fiscalía encargada de investigar el atentado a la AMIA debía asistir al Congreso para explicar la denuncia por encubrimiento del ataque terrorista contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos, por el Memorándum de Entendimiento con Irán.