El encuentro del viernes entre el gobierno nacional y representantes de 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, los 24 distritos que componen este país federal, puede ser leído como un éxito, aunque con matices.
Establece cuatro emergencias por un año. Excluye a universidades, CONICET y el INTA de la "reorganización y disolución parcial o total de órganos del Estado". La restitución del Impuesto a las Ganancias, en discusión.
El encuentro del viernes entre el gobierno nacional y representantes de 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, los 24 distritos que componen este país federal, puede ser leído como un éxito, aunque con matices.
¿Es un éxito que el gobierno nacional haya convocado al diálogo a los representantes territoriales, votados y ungidos en elecciones libres, al filo de los tres meses de gestión? Puede serlo para quienes aún apuestan al diálogo y buscan una salida a la delicada, difícil, ¿extrema? situación actual. Pero a 90 días de asumir y después de haber minimizado y denigrado al Poder Legislativo y a una amplia lista de gobernadores, suena a una decisión que demoró tres meses, en los cuales los salarios, las jubilaciones y el consumo, por arrastre de la gestión anterior y por nuevas medidas, se pulverizaron; y los indicadores de la economía cayeron a registros históricos.
Con la aparente impronta de barajar y dar de nuevo, el gobierno nacional parece dispuesto a cambiar de estrategia y modificar el texto de la ley con aspiración fundacional que presentó en diciembre bajo el nombre de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" y que rápidamente, por la cantidad de materias que pretendió abarcar, se denominó "ley ómnibus".
El debate de la "ley ómnibus", presentada a poco de asumir en la presidencia Javier Milei, demandó prácticamente todo el período de sesiones extraordinarias en un verano atípico en el que el Congreso Nacional acaparó toda la atención (y la tensión) política hasta que el proyecto de más de 600 artículos cayó, por su propio peso, el 6 de febrero.
Volviendo a la reunión del viernes con gobernadores y vices de todas las provincias, fueron cuatro horas de mutuo intercambio de argumentos: desde las provincias para detallar sus propias necesidades, agudizadas luego de la quita de fondos para incentivo docente y para compensar el transporte de pasajeros; y desde Nación para explicar los alcances de esta nueva ley, cuya aprobación en el Congreso termina atando el alivio que reclaman las provincias.
Mientras tanto, la ley que impulsa ahora el gobierno nacional difiere en varios aspectos con la original. En primer lugar, serán unos 200 artículos.
Este fin de semana, el ministro del Interior Guillermo Francos, quien participó de la reunión con gobernadores junto con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, anticipó que la nueva ley "incluye delegación de facultades, desregulación energética, el tema biocarburífero, etcétera. Todo lo que es el régimen de protección para las grandes inversiones y una serie de cosas más, pero -fundamentalmente- son esos temas que llevan a fomentar la inversión, el crecimiento, el desarrollo de la actividad económica",
¿Y Ganancias, que Nación pretende restituir para la cuarta categoría? "Lo estamos conversando. Los gobernadores del sur no están de acuerdo", admitió Francos. Este domingo, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, confirmó en una entrevista radial que "es difícil generar un acuerdo en Ganancias porque retrotraer la medida en este contexto inflacionario es un golpe muy duro para los trabajadores".
"Nosotros los vamos a promover, pero tenemos que contar con las mayorías parlamentarias. Hay gobernadores que están muy interesados porque incrementaría el flujo de los recursos coparticipables", aseguró por su parte Francos.
En tanto, el sitio especializado Parlamentario.com publica en detalle los principales aspectos de la nueva Ley de Bases. En realidad son unas tres carillas que prácticamente enumeran los títulos del nuevo proyecto y fueron entregadas a los gobernadores y vices presentes en la reunión.
Este domingo, en declaraciones radiales, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof advirtió que "hasta que no conozcamos el articulado completo no sabemos qué es; por ahora tenemos los títulos del proyecto".
Mientras tanto, figuran allí cuatro emergencias pedidas por el Poder Ejecutivo, por el plazo de un año: administrativa, económica, financiera y energética.
El título siguiente está dedicado a la Reforma del Estado, y en su primer capítulo están las delegaciones legislativas. En el marco de la administración central o descentralizada figura la reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente. Se excluye puntualmente a universidades, CONICET e INTA.
En cuanto a los fondos fiduciarios, la nueva ley de Bases prevé la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto.
El capítulo II de la Reforma del Estado está referido al proceso de privatización de empresas, en tanto que el capítulo III corresponde a la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos. El capítulo IV refiere al empleo público.
El título III refiere a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La nomenclatura correspondiente refiere a la consolidación de deuda pública y aclara que se mantienen acciones de empresas dentro del FGS en ANSeS. El Título IV, a contratos vigentes y acuerdos transaccionales. A través del mismo se dispone por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos. Además, se regula la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales.
En el título V, aparece la movilidad de las prestaciones previsionales. Prevé la modificación de la fórmula previsional, con ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición.
El título VI tiene que ver con la promoción de empleo registrado, y a través del mismo se crea un régimen de "blanqueo laboral".
Desregulación económica es el nombre que figura al tope del título VII, y prevé delegar al Poder Ejecutivo la modificación de regulaciones sobre la actividad privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia, generen escasez o distorsiones en los precios de mercado. Este es uno de los puntos sobre el que el bonaerense Kicillof pidió poner la lupa.
El título VIII está dedicado a la Energía. Alcanza la Ley de Hidrocarburos, gas natural y transición energética. Allí se contempla el tema de biocombustibles. El título IX es el que corresponde al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Como se dijo, el paquete fiscal estará en la nueva ley de Bases, luego de haber sido retirado del proyecto original a poco de iniciar su tratamiento en el Congreso. Allí, el primer título corresponde a la moratoria impositiva; esto es, el blanqueo de capitales.
El título II alude a la modificación de impuestos internos al tabaco. El III alude a la eliminación del impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. Y el IV refiere a Ganancias con el nombre de Ley de Ingresos Personales (Ganancias cuarta categoría), e incluye la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría.
El título V es la modificación del monotributo y aumenta las escalas de montos de facturación, como así también sube las cuotas fiscales.
Por último, el título VI es el que corresponde al régimen de transparencia fiscal al consumidor.
Hasta aquí el texto presentado a gobernadores y vices el viernes. Ahora resta conocer cuándo será enviado al Congreso y a qué comisiones, teniendo en cuenta que el mega proyecto anterior fue solo a tres: legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda.