Oficializaron el protocolo de Orden Público de Patricia Bullrich

Se oficializó el protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich. El mismo se presentó este viernes mediante Resolución 943/2023 del Boletín Oficial.

Bullrich, advirtió al respecto este jueves que "si se toma la calle va a haber consecuencias", al presentar "un protocolo para el mantenimiento del orden público" que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte".

"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación" y que "si se corta la vía principal, se libera la vía principal" sin importar que exista "una vía alternativa".

"Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos", añadió, y resaltó que "se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados".

La funcionaria agregó que "se va a trabajar" en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad".

"En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela", destacó.

También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan" en cortes de la vía pública, y remarcó que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por todos "los costos vinculados a los operativos de seguridad".

"El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo", sostuvo.

Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que "hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas" y que el propósito de las nuevas normas es "cumplir la ley".

"Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas", afirmó.

Punto por punto

• Las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple”, aseveró Bullrich.

• Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. “Si hay un delito infraganti, van a poder intervenir. Serán determinados los delitos de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia las fuerzas federales”, explicó.

• No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. “Esto quiere decir que si que corta la vía principal, se libera la vía principal. Por que haya una vía alternativa no es que se permite que esa vía principal siga cortada”, sumó.

• Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación.

• Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada de acuerdo a la resistencia.

• Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este delito.

• Serán identificados los vehículos utilizados y sus conductores, se registrarán todos las infracciones administrativas y/o penales existentes y procederá a incautar los vehículos que no estén bajos las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que hay que tener.

• Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado -palos o máscaras que les permitan a quienes integren la medida de fuerza que las autoridades no puedan reconocerlos-.

• Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. “Sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon. Sea por personas que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa”, especificó la ministra de Seguridad a continuación.

• Se dará aviso a un juez competente en caso de haber daño ambiental durante las manifestaciones. “Es algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor”.

• En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven consigo a menores que, en vez de estar en la escuela, estén en un piquete.

• Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos de la misma”, aseveró.

• Para el caso de los extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.

• Se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente sean los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones.

• Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré.