La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, evalúa volver a ser querellante en expedientes por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del gobierno 2003 – 2015.
El organismo se retiró en 32 expedientes durante el gobierno de Alberto Fernández. Incluyen Hotesur, Los Sauces, Cuadernos y Odebrecht.
La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, evalúa volver a ser querellante en expedientes por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del gobierno 2003 – 2015.
Así lo revelaron fuentes del Ministerio, que atribuyeron la iniciativa al titular de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, a través del titular de la OA, Alejandro Melik.
La OA dejó de ser querellante en todas las causas durante la gestión de Félix Crous, en los primeros tiempos del presidente Alberto Fernández. Son 32 expedientes entre los que se encuentran Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Odebrecht, YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio).
Cúneo Libarona dijo públicamente que coincidía con ese criterio, que sostiene –básicamente- que el Estado está representado en las querellas por el Ministerio Público Fiscal.
Pero el Gobierno también había impulsado la creación de una fiscalía con amplias facultades para investigar casos de corrupción en la administración pública nacional y también en las provincias.
Días atrás, el procurador general interino Eduardo Casal le remitió una nota a Cúneo Libarona explicándole las razones por las que consideraba "inviable" la creación de esa fiscalía especializada.
Ante ese escenario, trascendió la posibilidad de que la OA pida nuevamente ser querellante en los expedientes de los que se bajó durante la presidencia de Alberto Fernández.
Entre los expedientes en los que la OA podría volver a ser querellante (lo que implica la posibilidad de intervenir en el expediente y formular acusación en la etapa de juicio, entre otras prerrogativas) figuran varios que involucran a la ex presidenta, Cristina Kirchner.
Por el momento, explicaron desde el Ministerio de Justicia, no se retomó ninguna querella por parte de la OA que dirige Alejandro Melik. Pero la decisión política está tomada: después de marchas y contramarchas ahora se dio la orden de volver a asumir participación en casos de corrupción.
Según publica Clarín, el planteo se formuló después de las críticas que vertió la oposición respecto a un presunto pacto de impunidad por parte de la gestión de Javier Milei a favor de Cristina Kirchner. Para contrarrestar ese mensaje, Cúneo Libarona retomó la idea inicial: que la OA vuelva a ser querellante.
"No hay ningún pacto de impunidad y la corrupción es un tema grave que hay que combatir", señalaron desde la cartera que dirige el abogado penalista. Pero, la querella "será una excepción, no la actividad principal de la OA", aclararon.
Después del fracaso de la iniciativa del ministerio de Justicia para crear una Procuraduría Anticorrupción, medida que rechazó por considerarla inviable el Procurador General de la Nación, Cúneo Libarona ordenó que la OA vuelva a querellar en casos de corrupción.
Por el momento, la medida alcanza sólo al organismo anticorrupción. Aún no se resolvió si la Unidad de Información Financiera (UIF) seguirá ese mismo camino, al igual que la AFIP. Durante la gestión de Mauricio Macri, todas esas dependencias del Poder Ejecutivo asumieron activas participaciones como querellantes en más de 40 casos de corrupción.
En esta etapa la OA se encuentra realizando un relevamiento sobre todos los casos de corrupción que se encuentran en etapa de instrucción en Comodoro Py, fuero que se ocupa de los delitos contra la administración pública: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, entre otros; además del narcotráfico y el lavado de dinero.
La orden de Cúneo Libaron tiene dos componentes, por un lado, los casos de mayor envergadura y en segundo término, los expedientes de los que la gestión anterior a cargo de Felix Crous se había retirado.
Ese extenso listado incluía 32 causas, de las cuales 28 tenían como acusados a ex funcionarios kirchneristas, incluida la ex presidenta y vicepresidenta. Las restantes eran hecho atribuidos a la administración menemista.
Por ejemplo, la OA se bajó de los casos Los Sauces y Hotesur, donde están acusados por lavado de dinero Cristina Kirchner y su hijo Máximo, junto a Lázaro Báez.
Estos dos expedientes ya se encuentran elevados a juicio, y en esa misma situación se encontraban cuando la OA se retiró. La particularidad es que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina se habían cerrado por un sobreseimiento dictado por el voto mayoritario de un Tribunal que resolvió no hacer el juicio.
Sin embargo, el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese criterio y ordenó la reapertura y realización del debate. Cristina Kirchner acudió a la Corte para impedir esa medida y evitar estar sentada, nuevamente, en el banquillo de los acusados en un caso por corrupción.
No son las únicas causas en las que reasumiría la OA la querella. Están, por ejemplo, las investigaciones vinculadas al gigante brasileño Odebrecht, donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de contrato de obra pública y un circuito de sobornos. Está involucrado Julio De Vido y José López, entre otros ex integrantes del extinto ministerio de Planificación Federal.
También se analiza el caso de los Cuadernos de las Coimas. Como este expediente ya está elevado a juicio oral, la única posibilidad de que la OA pueda ingresar como querellante es solicitarlo en los tramos residuales que permanecen en etapa de instrucción. Es un tema bajo análisis, aseguraron fuentes oficiales.
En este expediente Cristina Kirchner es la principal acusada, se investigó una estructura montada desde Planificación Federal, para cobrar sobornos a empresarios contratistas del Estado en materia de obra pública, transporte y energía, esencialmente. El delito atribuido a la ex vice es el de haber dirigido una asociación ilícita.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.