El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la Resolución 1295/2024, a través de la cual ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden información precisa y relevante que permita identificar y capturar a los responsables de las amenazas proferidas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
La iniciativa responde a un caso de intimidación pública que generó preocupación a nivel nacional. Los hechos están relacionados con un video difundido por una organización criminal, en el que se intentó sembrar miedo en la población y, al mismo tiempo, se amenazó directamente a las mencionadas figuras públicas.
En el texto de la resolución, se detalla que el caso es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, bajo la causa “N.N. s/amenazas”. Según el Ministerio de Seguridad, los hechos constituyen un caso de seguridad nacional, debido a su gravedad y a las repercusiones que tiene tanto dentro como fuera del país.
El gobierno considera imprescindible obtener datos que permitan desarticular a la organización criminal detrás de estos actos y conocer en detalle su estructura, actividades ilícitas y lugares de operación. Esta recompensa busca motivar a posibles informantes a colaborar con las autoridades.
La suma ofrecida de 10 millones de pesos será entregada a personas que, sin haber participado en los hechos, proporcionen información útil, precisa y verificable. Esto incluye no solo la identificación y captura de quienes participaron directamente en las amenazas, sino también datos sobre otros miembros de la organización y las actividades delictivas que realizan.
Las personas que deseen colaborar podrán hacerlo comunicándose con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. La línea habilitada para este propósito es 134, gratuita y disponible para todo el país.
Se garantiza que la identidad de los informantes será protegida, conforme a lo estipulado por las normativas vigentes. Además, el pago de la recompensa será realizado tras un análisis exhaustivo de la información aportada y una evaluación por parte de las autoridades intervinientes.