El 14 de julio último el gobernador Omar Perotti remitió la nómina con los 48 nombres para cubrir las vacantes.
Este jueves se dieron a conocer sendos mensajes a través de redes sociales y mediante notas dirigidas al Poder Legislativo provincial.
El 14 de julio último el gobernador Omar Perotti remitió la nómina con los 48 nombres para cubrir las vacantes.
Horas antes del inicio de la Asamblea Legislativa de este jueves, en la cual se encuentra previsto el tratamiento de 48 pliegos para cubrir cargos de Fiscales y Defensores -titulares y adjuntos- del Poder Judicial de Santa Fe, las asociaciones afines expresaron públicamente su preocupación, ante los rumores sobre el pedido de retiro de dicha nómina al Ejecutivo local.
A las 9.35 de la mañana de este 24 de agosto se registra el ingreso de un pedido formal de la Asociación de Defensores Públicos Penales Centro Norte de Santa Fe, dirigido a la Asamblea Legislativa a propósito de los pliegos para defensores titulares y adjuntos cuyas entrevistas se tomaron este miércoles.
En la misma sintonía actuaron las comisiones directivas de la Asociación de Fiscales del MOA (Santa Fe) y la Asociación de Fiscales y Funcionareis del MOA (Rosario), con el apoyo de la Asociación Argentina de Fiscales (PAF), cuyo presidente definió el episodio actual de “caprichosas especulaciones partidario políticas”.
El 14 de julio pasado, el gobernador de Santa Fe, Ómar Perotri remitió 48 pliegos a la Asamblea Legislativa, mediante mensaje N 5047. Son 16 puestos para el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPORT) y 32 para el Ministerio Público de la Acusación (MOA).
Ante el surgimiento de rumores de que tras los resultados electorales se le habría pedido al gobernador retirar la lista de 48 postulantes, a riesgo de ser rechazados sin discusión, las entidades que los representan expresaron su perplejidad y preocupación.
Desde la Defensa Pública reclamaron “distribución equitativa, proporcionalidad de los recursos y distribución de cargos” para “no vulnerar el principio de igualdad de armas ante los distintos actores del sistema penal”.
Advierten que al servicio de defensa “recurren más del 90% de los detenidos del sistema”, por lo que señalan la imperiosa necesidad de “cubrir las vacantes”. A su vez aclaran que “no fueron creadas como cargos nuevos, sino producto de funcionarios que han concursado otros cargos y jubilaciones”, entre otros motivos previstos en la ley orgánica.
Se apoyan en “la realidad económica que está atravesando el país” lo que afecta directamente a los privados de la libertad y sus familias a la hora de contratar un abogado particular, lo cual requiere el pago de honorarios.
También refieren que actualmente el Servicio Público de Defensa cuenta con 80 defensores en toda la provincia, “evidenciándose que existen más de tres fiscales por cada defensor”. Por eso “los 16 pliegos que se encuentran en tratamiento, son de gran importancia para optimizar el funcionamiento del sistema penal y brindar una defensa eficaz”, sostienen.
Finalmente solicitaron a la Asamblea Legislativa “dar urgente tratamiento a los pliegos de defensores a los fines de que el sistema penal funcione eficientemente, dando respuestas a las reales necesidades de las personas en conflicto con la ley penal”.
Desde la Asociación de Fiscales de Santa Fe “miramos con profunda preocupación las manifestaciones públicas que justifican el rechazo de los pliegos elevados en virtud de la ocasión de su remisión”.
“Con razón la ciudadanía santafesina exige mayor seguridad y ese reclamo supone una persecución penal eficaz”, afirman desde el MOA, llamando a las autoridades legislativas a dotarlos de “los recursos adecuados para la prestación del servicio de justicia”.
“La evaluación de la oportunidad política no debe signar la persecución penal provincial” por lo que “exhortamos a los representantes de los poderes estatales a realizar el mayor esfuerzo para la construcción de un Ministerio Público de la Acusación autónomo, objetivo y eficaz”, cerraron su comunicado.
Desde el sur provincial, la comisión directiva de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MOA hizo foco en “la situación que está atravesando la provincia de Santa Fe, en particular la ciudad de Rosario, en un contexto social atravesado por la conflictividad y de violencia creciente”, para el que “se requiere actuar con premura y responsabilidad institucional en el tratamiento de nombramiento de fiscales”.
Por último, el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (PAF), Dr. Marcela Varoni Quinti, se mostró desconcertado ante la noticia de que el Ejecutivo santafesino recibió “pedidos o presiones” para retirar los pliegos.
Que dicho planteó alude “a los resultados electorales” y “no a la idoneidad de los postulantes”, la cual no fue cuestionada hasta el momento. “Las razones de conveniencia partidario política no pueden constituir un obstáculo para la designación de los fiscales cuyos cargos se encuentra creados por ley”, afirma.
“No cubrir las vacantes es comparable a no llamar a elecciones en término para cubrir los cargos de legisladores o incluso los del Poder Ejecutivo”, sostiene la esquela en la que define la situación de “caprichosas especulaciones partidario políticas”.