Una ONG presenta proyecto de Juicios por Jurados para destrabar el debate
Desde el Instituto De Estudios Jurídicos y Sociales del Litoral sumaron un aporte al debate para la implementación del juicio oral y público con jurado ciudadano en el sistema penal local. Para ello remitieron a distintos senadores un proyecto de ley que aborda integralmente la cuestión.
Una ONG presenta proyecto de Juicios por Jurados para destrabar el debate
El Instituto De Estudios Jurídicos y Sociales del Litoral, convocado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APyME), ha presentado a los senadores Rodrigo Borla, Felipe Michlig y Leticia Di Gregorio un proyecto de ley elaborado por un grupo de profesionales y ciudadanos comprometidos de la provincia de Santa Fe. Tras investigaciones y debates interdisciplinarios, se propone la implementación del juicio oral y público con jurado ciudadano en el sistema penal local, que busca fortalecer la democracia y el acceso a la justicia, aprovechando la crisis actual como una oportunidad para mejorar la relación entre el Estado y la sociedad civil.
El resultado toma como punto de partida el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia y propone modificaciones que facilitarían el consenso ante las dudas que genera su implementación, tanto de la comunidad jurídica como de la población en general.
Un Proyecto para el consenso
La iniciativa popular, presentada como proyecto de ley, se inspira en modelos similares adoptados en otras provincias y países, como Córdoba y algunos estados europeos. Se asegura la compatibilidad con la legislación vigente e incorpora modificaciones en cuanto al criterio de selección del Jurado, la necesaria coherencia con el sistema penal vigente y la fundamentación del veredicto emitido por el jurado.
Composición Escabinada
En la implementación del juicio por jurado, algunas provincias han optado por el modelo clásico, mientras que otras como Córdoba mantienen el modelo escabinado, esto es un tipo de jurado mixto, en el que se integran a la vez ciudadanos sin conocimientos jurídicos y magistrados o técnicos en la materia..
El proyecto aprobado en Diputados adopta un modelo mayormente clásico. El trabajo presentado por la ONG hace énfasis en la combinación de la participación ciudadana y el saber técnico a partir de un Jurado Mixto, en el que se integran a la vez ciudadanos sin conocimientos jurídicos y magistrados o técnicos en la materia.
"El Tribunal de Juicio quedará integrado con tres (3) jueces técnicos y seis (6) jurados legos, conformando un total de (9) miembros titulares y, como mínimo, por dos (2) suplentes. El Tribunal puede ordenar que haya más suplentes, según la gravedad o complejidad del caso. Deberá procurarse la paridad de género entre varones y mujeres... En el caso de los jurados legos, deben haber cumplido con los requisitos mínimos de educación establecidos por la ley, lo que generalmente implica haber completado la educación básica obligatoria, además deberán gozar de aptitud física y psíquica suficiente para el desempeño de la función", fundamenta en su articulado el proyecto del Instituto.
Competencia y renuncia
Los Tribunales de Juicio deberán integrarse obligatoriamente con jurados populares cuando se encuentren avocados al juzgamiento de delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, cuando alguno de ellos supere dicho monto, incluyendo los que fueran cometidos en grado de tentativa o en cualquier forma y grado de participación criminal, como así también los delitos conexos o cuyo juzgamiento fuera unificado.
La integración obligatoria se determinará con la calificación que corresponda a los hechos acusados por los que se requiere la elevación a juicio. La renuncia a ser juzgado por un Tribunal de Juicio integrado con jurados solo procederá en caso de expreso pedido del acusado y siempre que dicha renuncia sea aceptada por los acusadores, los querellantes en su caso, por los eventuales coimputados y por el juez. Ante la negativa de cualquiera de ellos, el juicio será obligatoriamente sustanciado por jurados y abarca a todos aquellos otros delitos que concurran e integren la acusación. En caso de silencio del imputado, el juicio se terminará por jurados.
Fundamentos del veredicto
Una de las reformas propuestas es la obligatoriedad de que el veredicto del Jurado sea acompañado por fundamentos. "Los jurados emiten su veredicto basándose en su entendimiento y conciencia, sin necesidad de expresar los motivos de su decisión. Las instrucciones impartidas por el Presidente del Tribunal de Juicio deben ser claras y comprensibles para el público en general y, especialmente, para el acusado, de manera que entiendan el significado y los fundamentos del veredicto que el tribunal debe pronunciar." Estos criterios son comunes en muchos sistemas judiciales que emplean jurados para garantizar que los miembros del mismo sean imparciales, competentes y representativos de la comunidad en la que se lleva a cabo el juicio.
Seguridad del Jurado
Desde el Instituto De Estudios Jurídicos y Sociales manifestaron que, a partir de un Focus Group, se pudo establecer que una de las preocupaciones más evidentes de la comunidad refiere a la seguridad de los jurados. En ese aspecto, el proyecto presentado establece que "durante el transcurso del juicio y antes de la deliberación, el Presidente puede permitir que los jurados se separen y continúen con su vida normal con el compromiso de no hablar del caso, o disponer que queden bajo el cuidado del oficial de custodia y de regresar con ellos a la sala de audiencias en la próxima sesión. Asimismo, durante el transcurso del juicio cuando en el interés de la justicia sea necesario, tanto el acusado como el fiscal y el o los querellantes en su caso, pueden solicitar al Presidente que ordene que el jurado integrante quede bajo la custodia del oficial. El oficial de custodia no puede pertenecer a ninguna fuerza de seguridad."
Proceso de implementación
Por último, el Instituto, en su antepenúltimo artículo, refiere al monitoreo y enriquecimiento en la práctica de esta relevante transformación que refiere, no solo al Sistema Penal, sino a la implementación de instituciones de la participación civil que incluyen al ciudadano común en un Poder Judicial que avanza hacia su democratización. En ese sentido y comprendiendo que debe ser una política de Estado responsable es que propone la autorización "...al Ministerio de Justicia y Seguridad para la suscripción de convenios con instituciones a los fines de realizar las capacitaciones a los operadores judiciales, la difusión entre la población, la realización de investigaciones empíricas sobre el funcionamiento del sistema de jurados integrantes de tribunales de juicio".