Martes 12.11.2024
/Última actualización 13:23
El gobierno y la oposición protagonizarán este martes una nueva pulseada parlamentaria, como ya sucedió con las reformas jubilatorias, el presupuesto universitario y los fondos reservados para la SIDE, y en el contexto del tratamiento del Presupuesto 2025. No se trata de una escaramuza más, con efecto solamente político: se juega nada menos que el margen de acción con el que cuenta el presidente Javier Milei para dictar normas bajo la forma de Decretos de Necesidad y Urgencia, y también, en particular, para renegociar condiciones del financiamiento externo. Y es, al mismo tiempo, una nueva instancia para alinear voluntades en un sentido o en el otro, habilitar negociaciones con mayor o menor grado de apertura y exposición, y habilitar la continuidad de la contienda por la vía de eventuales instancias de veto e insistencia.
La sesión convocada para las 15 en la Cámara de Diputados, bajo los intentos del Gobierno para frustrarla por falta de quórum mediante distintos recursos (por ejemplo, apelar a los gobernadores y a la discusión por el Presupuesto) buscará aprobar la modificación de la ley de DNU y, principalmente, el rechazo al DNU 846 que elimina las restricciones para el Ejecutivo para realizar un canje de deuda, así como la participación del Congreso en esa decisión.
Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP) y de Democracia para Siempre (radicales que responden a Martín Lousteau) solicitaron una sesión para este martes a las 15, pero para realizar esa reunión deben reunir 129 diputados para habilitar el debate. Que aseguran tener, tanto para garantizar el quórum, como para aprobar el dictamen de mayoría para reformar la ley de DNU, y para derogar el decreto 846/24, que permite reestructurar la deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera.
Esto a pesar de que el PRO, tras alguna demora en definirse, decidió que no dará quórum para esa sesión, al advertir que "no pondrán en riesgo la gobernabilidad". Tras una reunión de la Mesa Ejecutiva, encabezada por Mauricio Macri, resolvieron también que, en caso de que la sesión se lleve a cabo de todas maneras, votarán con el oficialismo. En sentido contrario irán los diputados larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes ya en su momento rechazaron el veto a la ley de Universidades.
La bancada de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, en tanto, anticipó que no colaborará para reunir el quórum. En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque informó que había hablado con los gobernadores de su partido. Y que ellos expresaron que no querían que nada perjudicara el proceso de negociaciones por el Presupuesto 2025; precisamente el punto al que apuntó el Gobierno en los contactos que mantuvo con cada uno de ellos.
Los radicales hicieron primar como sustento argumental de su postura, a pesar de que uno de los proyectos que restringen la facultad presidencial en el dictado de los DNU es de Karina Banfi, el criterio de no imponer a Javier Milei, al menos en la primera mitad de su mandato, limitaciones que no tuvieron Cristina Fernández, Mauricio Macri ni Alberto Fernández.
Esto es porque, actualmente, los DNU sólo caen si ambas cámaras legislativas lo rechazan. Con los cambios impuestos, basta que una sola lo haga. Y además, si no son avalados en un plazo de 90 días, pierden vigencia automáticamente. Pero para el Gobierno es central además evitar el tratamiento del DNU en medio del canje de deuda que está buscando concretar, teniendo en cuenta que en el 2025 debe afrontar vencimientos por un monto estimado en 17 mil millones de dólares.
Milei participó de un evento en una empresa que administra una billetera virtual.Cómo sigue
La sesión especial comenzará con el tratamiento del dictamen de mayoría impulsado por los opositores que busca cambiar la ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, se tratará el DNU que permite al Gobierno renegociar la deuda sin contemplar los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera, que implican cumplir con dos de las tres condiciones, que son mejores plazos y menos intereses y capital.
En ambos casos, lo que se vote este martes debe pasar al Senado, pero la definición de Diputados será determinante, ya que en la cámara alta están más claras las mayorías opositoras. Esa sería la instancia definitiva para sellar la suerte del DNU sobre la deuda. En cuanto a la reforma del régimen general, la sanción quedará sujeta a la posibilidad de un veto presidencial, que el Congreso sólo logrará revertir luego si obtiene la mayoría de dos tercios. Cosa que, con el “blindaje” obtenido al cabo de una serie de negociaciones y el aporte de los “radicales peluca”, el Gobierno logró impedir en los dos casos precedentes, jubilaciones y universidades.