Mientras la oposición intenta imponer su proyecto para la declaración de emergencia en el Congreso y la CGT mantiene reuniones con funcionarios del Ejecutivo Nacional en el mismo sentido, organizaciones sociales santafesinas insisten en solicitar acciones complementarias a la provincia.
Daniel Ríos, representante del Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB) de Santa Fe, explicó a El Litoral que en diversas reuniones que mantuvieron con funcionarios del gobierno provincial “no compartían la mirada sobre la realidad social, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, como Rosario y Santa Fe, donde más golpean los efectos de la política económica del gobierno nacional”. “Si bien nosotros creemos que la emergencia tiene que ser nacional, porque mientras la nación – un gobierno insensible – la provincia, que es otro Estado, también debería tomar cartas en el asunto y no lo hace con políticas habituales, por eso pedíamos la emergencia, para forzarlos a que lo hagan”, indicó Ríos. “Si bien yo ví una conferencia de prensa donde planteaban todo lo que invierten – añadió el referente- , lo cierto es que están planteando menos que en 2016, cuando Desarrollo Social significaba el 1.56% del prepuesto provincial y hoy es el 1.44. Y esos cuatro mil millones que ellos dicen que invierten en Desarrollo Social, solamente un poquito más del 50% va en transferencia directa a organizaciones o personas que lo necesitan, entonces ahí nosotros tenemos una mirada distinta a la que tienen los funcionarios provinciales”.
A su turno, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, manifestó, a su turno, que “lo importante es asumir que estamos en una situación de emergencia y la provincia lo está haciendo, hay una transferencia permanente de recursos, hace falta más plata y la estamos poniendo; es decir, automáticamente hay una decisión del gobernador de acompañar en una mayor inversión”.
Consultado también por El Litoral, el funcionario consideró que “cuando uno habla de la emergencia, tiene que ser a nivel nacional, fundamentalmente para que despierten y reaccionen que hace falta una inversión distinta, no se puede seguir dos años sin actualizar los montos”. “Esto tiene que ver en acompañamiento no solo para la provincia sino lo que se transfiere a través del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) a distintas instituciones sociales, no requiere una nueva norma, lo que requiere es tomar la decisión de aumentar los montos, pero eso debería ser Nación, nosotros lo que estamos haciendo en esta situación de crisis muy especial es un dialogo y monitoreo permanente con las más de 1300 instituciones que tenemos, a eso hay que sumarle los 1200 clubes”, aseguró Álvarez.
En tanto, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, mantuvo en la tarde del lunes (09/09/19) una reunión con representantes de las centrales de los trabajadores, tras la cual atendió a la prensa desde dentro de su auto y aclaró que “la emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación y es en ese marco que se van a tratar distintos proyectos”. En cuanto a su cartera, detalló: “lo que veníamos haciendo respecto a la situación alimentaria, cómo venimos trabajando en el marco de la emergencia social – que ya fue declarada en diciembre de 2016 – reasignamos partidas, se aumentó la cantidad de raciones, los montos de las raciones, también se habló de lo que se hizo en el marco de IVA para alimentos, que ya se cobró el bono de mil pesos que se dio para AUH”.