Domingo 13.3.2022
/Última actualización 10:38
A través de un Proyecto de Comunicación aprobado en la última sesión, el diputado del Frente Renovador-PJ solicitó al gobierno provincial que mediante un acuerdo con el INDEC se realice un censo provincial para determinar con exactitud cuantas personas desertaron del sistema escolar en el periodo 2020-2021.
El proyecto aprobado pide al gobierno provincial que arbitre las medidas necesarias para coordinar con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que en ocasión del Censo Nacional que se realizará el próximo 18 de mayo se lleve a cabo conjuntamente un censo provincial para determinar fehacientemente cuantas y quienes son las personas que dejaron el sistema educativo en los niveles de escolaridad obligatoria durante los ciclos lectivos 2020 y 2021.
Consultado acerca de la iniciativa, el legislador manifestó que el motivo que lo llevó a presentar este proyecto -que la Cámara Baja aprobó sobre tablas este jueves- fue su preocupación por los números que se manejan extraoficialmente sobre la deserción escolar en la provincia desde que comenzó la pandemia en 2020. “En primer lugar es importante aclarar que cuando hablamos de educación obligatoria implica fundamentalmente la afirmación de la responsabilidad inalienable de los Estados Nacional y Provinciales de garantizar lo que para la ciudadanía es un derecho. Por esta razón, cuando aquí hablamos de censar a quienes han desertado en ese período, lo que estamos planteando es censar a un importante sector de la población cuyo derecho a la educación se encuentra vulnerado. En ese sentido, lo que busca nuestra solicitud es abordar la grave deserción de los niveles de la escolaridad obligatoria, la cual ha experimentado un crecimiento importante en el marco de la pandemia por coronavirus, especialmente en el año 2020 donde gran parte del ciclo lectivo se realizó sin presencialidad escolar”.
Y agregó que “ es preocupante que al día de hoy no tengamos ni en el país ni en la provincia un relevamiento claro acerca de la deserción escolar a causa de la pandemia. Todos los números que se manejan son estimativos. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Nación, en nuestra provincia existe polémica en torno a dichas estimaciones. Algunas fuentes hablan de cerca de 9.000 deserciones, otras de entre 15.000 y 20.000 y, finalmente, hay otras que estiman la deserción entre 150.000 y 200.000 estudiantes. Claramente, estamos hablando de números muy dispares. Son estimaciones que no permiten tener un diagnóstico acertado y, sin diagnóstico, es impensable una estrategia de abordaje eficiente y eficaz”.
En el mismo sentido, Martínez argumentó que “otra de las razones por las que creemos necesario y urgente que haya números claros y precisos es que cuando hablamos de deserción escolar estamos hablando de vulneración de derechos humanos, porque la educación es un derecho humano. Además, esa vulneración no solo tiene consecuencias para la dignidad y la vida individual, sino que afecta a la vida de la comunidad y compromete su futuro en la medida en que el fenómeno se vuelve más masivo. En relación a esto último, estamos convencidos de que es importante una medición permanente de ciertos indicadores vinculados a la calidad educativa”.
“Por lo tanto -continuó- un censo preciso de esta situación es lo que permitirá sentar las bases para políticas eficaces y eficientes que tiendan a volver a garantizar ese derecho que hoy está vulnerado para tantos santafesinos y santafesinas. En ello se juega la dignidad de cada uno de los involucrados, pero también el destino común de nuestra provincia, puesto que la educación además de transmitir la cultura y formar para la ciudadanía, también prepara para el mundo del trabajo. Además, en una provincia como la nuestra, es dramática la alternativa que se abre para que aquellos jóvenes que no encuentran su lugar en la escuela. Todo esto debe movernos a actuar rápidamente para conocer en detalle quiénes no están escolarizados y articular las estrategias para reconstituir ese derecho. Por supuesto que a posteriori es necesario consensuar políticas de Estado estructurales que hagan habituales este tipo de diagnósticos, pero en este momento, tanto desde el punto de vista operativo como logístico resultaría expeditivo y eficaz coordinar acciones con el INDEC para que los mismos encuestadores que lleven a cabo el Censo Nacional puedan en la misma ocasión censar a nivel provincial esta situación tan preocupante”.