La Resolución que le entrega a Guillermo Moreno el manejo del Registro de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios permitirá que el secretario de Comercio, quien fue apartado por la Justicia de la empresa, tenga desde ahora una injerencia decisiva en el manejo de Papel Prensa.
En primer lugar, porque Moreno será por Resolución quien sustituirá, hasta que se conforme, las funciones que la Ley 26.736 le otorga a la Comisión Federal Asesora, mientras que él mismo será el encargado de aplicarle multas a la empresa, que podrían llegar hasta 75 millones de dólares.
Pero además, por el artículo 8 de la Resolución 9 publicada hoy en el Boletín Oficial, el secretario ya fijó, por primera vez desde 1987, un cupo a la importación del papel para diarios, que en el caso del primer trimestre será de 20 mil toneladas. Se mantiene el arancel cero, pero si bien la cifra lineal es compatible con lo que su utiliza anualmente, la imposición por trimestre no toma en cuenta ni la conveniencia del precio internacional ni los stocks que puedan tener acumulados los diarios.
El cupo tiene como correlato el nuevo control que se ejercerá sobre el comercio exterior desde el 1º de febrero, ya que todos los operadores que ingresen mercadería al país deberán presentar con anterioridad la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), por lo cuál Moreno será quién decida cuándo, cuánto y cómo se podrán efectuar los ingresos de papel para diarios al país.
También el artículo 8 fijó en 42.500 toneladas la meta de producción nacional para el primer trimestre, una cifra que está muy cerca de las cifras que se consumen de papel nacional.
La Ley establece que las estimaciones de importación y de producción serán establecidas por la Comisión Asesora, pero la Resolución indica que si no está en funcionamiento "y/o no haya dictado su propio Reglamento", las obligaciones "deberán ser cumplimentadas ante la Autoridad de Aplicación pertinente".
En tanto, el artículo 12 de la Resolución pone en marcha lo que los socios privados de Papel Prensa, los diarios Clarín y La Nación, denunciaron como "licuación encubierta", ya que le otorga a la empresa papelera plazo hasta febrero de 2012 para presentar el primer "plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios", tal como lo prevé el artículo 40 de la Ley.
Este artículo fue ampliamente resistido en el Congreso no sólo porque tal como es la estructura de la industria papelera en el mundo, hoy sobreofertada, no tiene lógica empresaria la ampliación productiva de una planta, sino porque además el artículo 41 apunta a desplazar a los socios privados.
La norma prevé que si éstos no hacen las inversiones, éstas serán atendidas por el Estado, quien se cobrará aumentando su participación accionaria en Papel Prensa, diluyendo a la vez la proporción de Clarín y La Nación.
Por último, ya la Ley establecía que las diferencias podrán ser llevadas a la vía judicial, sólo cuando se "agote" la vía administrativa, que por la Resolución también será ejercida "en la órbita de la secretaría de Comercio Exterior".
Al respecto, el artículo 9 también le permitirá a Moreno graduar las multas al "equivalente en pesos de una tonelada de producción hasta 100 mil toneladas de producción de papel para diarios", que el caso máximo, a U$S 750 la tonelada, importa 75 millones de dólares, unos 325 millones de pesos.
DYN