Miércoles 30.11.2022
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Miércoles 30 de noviembre, cierre del Período Ordinario de sesiones de la Legislatura y ninguna de las dos cámaras fue convocada a reunirse. En el caso de Diputados dio por terminado el período el pasado jueves y Senado lo hizo ayer. Ambas cámaras acordaron y sancionaron la norma principal que necesita el Poder Ejecutivo: el Presupuesto y la facultad para cobrar impuestos, la norma Tributaria. Lejos quedaron los tiempos en que el 30/11 era para un clearing de proyectos aprobados en algunas de las cámaras para hacer leyes a las que los Ejecutivo debieron vetar en muchas ocasiones.
Pero con el final del período Ordinario N° 140 de la historia institucional santafesina terminó la posibilidad de avanzar con la declaratoria de necesidad de la reforma constitucional, temática sobre la cual se presentaron este año diez proyectos desde los diferentes sectores del mapa político de la Cámara Baja. El tema no estará en la agenda del año próximo, año de elección de autoridades provinciales, municipales y comunales.
El 15 de junio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Blanco (PS) citó a ese grupo a los efectos de realizar una mesa de trabajo y diálogo sobre los proyectos relativos a la reforma y pidió a cada integrante que designe un asesor sobre la materia. Esos asesores fueron manteniendo reuniones quincenales al igual que la Comisión legislativa para intentar buscar acuerdos. Se elaboraron cuadros con las diferencias que tenían los diferentes proyectos. El tema se fue apagando lentamente en la medida en que se agudizaban las diferencias en el seno de lo fue el Frente Progresista que llegó con 28 legisladores de la mano de Miguel Lifschitz y que hoy está disgregado en al menos tres espacios con marcadas diferencias.
Uno de los proyectos, el del justicialista Luis Rubeo, proponía elegir convencionales en forma simultánea con autoridades provinciales el año próximo; otro como el de Rubén Giustiniani (Igualdad) pretendía poner temas fuera de discusión de la reforma para facilitar acuerdos. Gabriel Real (PDP), los tres diputados de Vida y Familia; el propio bloque socialista, Lucila De Ponti (PJ), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura), Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio), fueron sumando proyectos propios para complejizar la situación.
La Casa Gris miró sin interés el tema. No tenía número para incidir en la Cámara Baja. El radicalismo le quitó enseguida el apoyo a través de los jefes del bloque Evolución -Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía- con el consentimiento del bloque de senadores. Además los senadores del PJ nunca se entusiasmaron con el tema y muy especialmente cuando la mayoría de los proyectos llegan del sur de la provincia. Los senadores saben que muchos de los reformistas quieren eliminar el cuerpo o bien reducir su participación en la vida institucional y no están dispuestos a votar una reforma salvo que existe un consenso entre las principales fuerzas políticas. El consenso no fue y el proyecto se frustró otro año.
Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no reformaron su cuerpo constitucional desde 1994 a la fecha. Son dos de las provincias donde hubo alternancia política y son dos provincias donde funciona el control de poderes más allá de los excesos que siempre se intentan desde algunos lugares del poder.
Emergencia
El Poder Ejecutivo envió un mensaje de ley sobre seguro agropecuario para suplir la vigente ley de emergencia agropecuaria, tema que fue consensuado con las conducciones de las entidades del sector nucleadas en la Mesa de Enlace santafesina. El ministro Daniel Costamagna mantuvo una extensa reunión con las comisiones de Agricultura de ambas cámaras para buscar puntos de coincidencia y pedir urgencia en el tratamiento.
Sin embargo, el mensaje del Ejecutivo quedó en el Senado y en Diputados un proyecto del senador Rubén Pirola (PJ - Las Colonias) también quedó en comisiones, sin posibilidades de destrabar el expediente.