En el día de hoy, la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentín SAIC, conformada por miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, recibió en el recinto de la misma a los nuevos integrantes del directorio de dicha empresa.
En el día de hoy, la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentín SAIC, conformada por miembros de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, recibió en el recinto de la misma a los nuevos integrantes del directorio de dicha empresa.
Allí, los miembros de la Comisión pudieron dialogar con los nuevos directivos acerca del cuadro de situación que se abre a partir de esta renovación en la conducción de la empresa y conocer la postura de la misma en este proceso.
Finalizada la reunión, el diputado Palo Oliver se mostró decepcionado: “La presencia del nuevo directorio de Vicentín SAIC no le ha dejado nada nuevo a la Comisión de Seguimiento. Lo único que vemos es un cambio de nombres, porque se sigue repitiendo la estrategia inicial del directorio anterior, el que terminó declarando el default el 4 de diciembre de 2019, mostrándose como víctimas de malas decisiones del Estado Nacional e incluso ahora sostienen que son el objetivo de una campaña de desprestigio”.
Una deuda acumulada de 1.350 millones de dólares
En este sentido, el diputado aclaró: “Nosotros tenemos en claro que las únicas víctimas de este proceso son: el Estado Nacional, en consecuencia sus ciudadanos, por esos 300 millones de dólares que le debe la empresa al Banco Nación; el Estado Provincial, por la deuda impositiva acumulada; los trabajadores, que viven angustiados desde hace un año; las entidades financieras internacionales y más de 2.000 productores, en su mayoría de Santa Fe, que confiaron en Vicentín y todavía están aguardando el dinero que les corresponde. No perdamos de vista que la deuda acumulada alcanza los 1.350 millones de dólares.
En la reunión, le manifestamos a los directivos que va a ser muy difícil, sino imposible, conseguir inversores que se interesen en la empresa si antes no se aclara qué sucedió con la misma en el pasado inmediato. Si no se echa luz al por qué se llegó a esta situación”.
“Ratificamos cada una de las afirmaciones hechas”
Más adelante, puntualizó: “La Comisión no cambia su posición luego de esta reunión. Si bien lo deberá determinar la Justicia, entendemos que varios de los actos llevados a cabo por los directivos de la empresa podrían configurar delitos económicos. Ratificamos cada una de las afirmaciones hechas en los tres informes, que son producto de entrevistas con cada uno de los actores de este proceso, como abogados, jueces, fiscales, organizaciones que se sienten defraudadas por las empresas, así como de los informes remitidos por organismos públicos”.
“Es muy posible que la estrategia sea la quiebra”
“Hemos asistido a un sistemático proceso de vaciamiento de la empresa, con el desprendimiento de activos que no pasan a formar parte del concurso y operaciones de triangulación. Este proceso incluyó también el previo sobreendeudamiento, la fuga de capitales y la evasión impositiva. No es posible hablar de futuro si no se sabe dónde está el dinero, si hubo comisión de delitos económicos y/o penales. A esta altura parece ser que sólo se intenta ganar tiempo para que transcurra el concurso ya que no anunciaron un plan de negocios ni tienen aún inversores interesados. Incluso, con el volumen de deuda acumulada, es muy posible que la estrategia sea la quiebra. Rechazaron la intervención del Estado Nacional y Provincial y, hoy, no dijeron nada distinto a lo dicho por el directorio anterior”, reafirmó el legislador.
El trabajo de la Comisión continúa
Por último Palo Oliver afirmó: “El trabajo de la Comisión no ha culminado, aún queda mucho por hacer porque el concurso sigue, porque todavía no nos han dicho dónde está el dinero que le prestó el Banco Nación, porque tenemos que tratar de garantizar las fuentes de trabajo que peligran y porque aún se corre el riesgo de que esta empresa, muy importante desde lo estratégico para el mercado de granos, sea adquirida por capitales foráneos con su consecuente extranjerización. Allí creemos que deberá intervenir el Estado Nacional para evitarlo”.