La empresa Vicentin tiene dos proyectos para generar energía eléctrica con biogás, a partir de los residuos orgánicos que produce la ganadería intensiva en un feed lot de la firma, cuyos plazos contractuales han vencido.
La empresa Vicentin tiene dos proyectos para generar energía eléctrica con biogás, a partir de los residuos orgánicos que produce la ganadería intensiva en un feed lot de la firma, cuyos plazos contractuales han vencido.
El sitio Econojournal indica en un informe que la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) ha quedado en condiciones contractuales de dar por caída las concesiones que le había otorgado a la aceitera, para el desarrollo de las centrales térmicas a biogás denominadas El Rey y Don Nicanor.
Está previsto que cada una de ellas aporte un megavatio con la quema de gases a partir el estiércol que se desecha en los feed lot llamado Los Corrales del Nicanor, así como de restos de todo tipo del frigorífico Friar, uno de los cuatro más grandes exportadores de ese rubro del país.
Cada central iba a necesitar de una inversión de 5,5 millones de dólares, en un esquema en el que resultaba clave el apoyo del programa Renovar del Estado Nacional, que fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las centrales habían logrado un contrato con Cammesa que iba a pagar 169 dólares por cada hora de ese aporte de potencia (2 MW). Según Econojournal el precio promedio ponderado para proyectos de biogás de ese programa es de 159,9 dólares por cada megavatio inyectado al sistema, lo que muestra que se trataba de inversiones con sustento económico.
Sin embargo, como las inversiones previstas para 2017 y 2018 no se llevaron a cabo hoy Cammesa -que depende del Poder Ejecutivo Nacional- está en condiciones de darlos por caídos por ese incumplimiento.
El informe contiene incluso la cláusula de multa (1.388 dólares) por cada día de retraso en alcanzar la producción.
En el sector
La Aceitera comparte otros proyectos en el sector de la generación de energía con la firma Juan F.Secco, que funciona en Avellaneda y quema la llamada vinaza de maíz, un subproducto de la industria aceitera que se aprovecha para alimentar una usina que produce 6 megavatios. Las empresas participantes invirtieron 8,8 millones de dólares y la entrega de energía al mercado mayorista fue habilitada en abril de 2019. Ese esquema de negocios contó también con el apoyo del programa Renovar y un precio incluso menor que los dos proyectos que no avanzaron: 160 dólares por megavatio.
La expropiación “latente”
La diputada oficialista Fernanda Vallejos aclaró que el proyecto para intervenir la empresa Vicentin no está demorado, sino que se están analizando alternativas dentro del concurso, y remarcó: “Podemos alcanzar los votos para expropiar”.
“Si el Presidente (Alberto Fernández) enviara el proyecto de expropiación, evaluando que ése es el mejor camino, creo que sí se podría dar la discusión con otros bloques opositores para ponernos de acuerdo en la conveniencia de la decisión y alcanzar los votos necesarios”, sostuvo la legisladora.
Vallejos planteó que el proyecto “no se está demorando”, y agregó: “Entiendo que se avanza en una alternativa dentro del concurso. El Presidente fue muy claro en expresar que si esa alternativa no prospera, el otro camino es la expropiación”.
Insistió que el Estado tomaría las riendas de la agroexportadora “siempre con el mismo objetivo: que la empresa continúe sus operaciones, que se salvaguarden las fuentes de empleo y a los productores y acreedores, entre ellos el Banco Nación, cuyo patrimonio también se busca proteger ante la exposición crediticia a la que lo sometió la gestión González Fraga-Macri, con el Estado participando del 51% del capital de la empresa”, remarcó en ese sentido.
Consultada sobre si existen otras empresas con casos similares a Vicentin, Vallejos respondió: “Al menos hasta donde conozco, no observo. Obviamente sí hay empresas con dificultades, pero el caso Vicentin es mucho más complejo y tiene una envergadura que también la diferencia”.