Miércoles 1.4.2020
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La decisión política de la Cámara de Diputados dejó sancionados dos mensajes del Poder Ejecutivo que lo habilitan a tomar deuda por unos 600 millones de dólares. Por un lado, quedó sancionada la llamada Ley de Necesidad Pública con una autorización de 39 mil millones de pesos y por otro el Fondo para el Coronavirus de 15 mil millones de pesos. “Es un desproporcionado endeudamiento” advirtió desde la banca el socialista Miguel Lifschitz quien bajó desde la presidencia para romper el silencio que se había autoimpuesto al terminar su mandato como gobernador.
En los hechos, la Cámara aceptó los dos textos votados el jueves pasado por el Senado. En un caso -coronavirus- por unanimidad; en el otro -Necesidad Pública- con escasos votos positivos y mayoría de abstenciones. “De no haber sido por esta pandemia, no hubiéramos habilitado la ley de emergencia. Es un despropósito”, admitió el propio Lifschitz.
La sanción de las dos leyes pone fin a dos semanas muy tensas en la política santafesina donde fracasó la posibilidad de lograr acuerdos y fue la pandemia la que catalizó decisiones. “Nos dicen obstruccionistas y estamos sesionando un martes, feriado, facilitando el quórum y el tratamiento sobre tablas” le hizo notar Lifschitz al gobierno provincial que viene desde diciembre reclamando la emergencia, rebautizada Necesidad Pública.
Fueron tensos los discursos. Por un lado, Leandro Busatto (PJ) se quejó de la falta de solidaridad de la política para darle herramientas al Poder Ejecutivo; por el otro, el radical Maximiliano Pullaro recordó todas las leyes que le votaron al mandatario, a quien le advirtió: “ahora, gobernador, no puede tirar la pelota fuera del arco. Póngase a gobernar”.
Al igual que la semana pasada, la sesión de Diputados contó con el mínimo personal de apoyo ante las medidas restrictivas del aislamiento. Sin la posibilidad de ingreso de la prensa ni de asesores. Apenas los legisladores, unos pocos taquígrafos, la secretaría parlamentaria y el equipo informático y de sonido.
La decisión de Labor Parlamentaria fue votar los dos proyectos y recién luego abrir lugar a las ponencias de cada sector político limitándolo al jefe de bloque. Es allí donde el turno del socialismo lo ocupó el propio Lifschitz quien cedió la presidencia de la sesión por algunos minutos a la justicialista Lucila De Ponti.
“Las facultades de los gobernadores son superpoderosas”
Miguel Lifschitz defendió lo actuado por la Cámara de Diputados en este período Extraordinario; reivindicó la gestión que lo tuvo al frente del Ejecutivo; advirtió que el gobierno actual tiene plazos fijos y no paga a contratistas ni arregla móviles policiales; incluso destacó que siempre los gobernadores tienen proyectos que se quedan en los cajones de la Legislatura y mencionó entre otros su iniciativa de reforma de la Constitución. Pero además advirtió que para que se sancionen las leyes son los ejecutivos los que tienen que ceder “porque en esta provincia las facultades de los gobernadores son superpoderosas”.
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que “nadie puede decir que no hay voluntad política de sesionar. Sin el apoyo del Frente Progresista no podrían haber tratado estos proyectos y sobre tablas”. Le recordó también que el dictamen del Frente el que incluyó por primera vez fondos para el coronavirus.
Admitió que el clima político no es el mejor en Santa Fe y recordó los distintos tonos del discurso del 11 de diciembre cuando el presidente Alberto Fernández llamó al diálogo y el de Omar Perotti fue “descalificante y agraviante hacia mi persona”.
Reivindicó lo actuado por los gobiernos del Frente en materia de salud y aseguró que “hoy Santa Fe está mejor preparada que en 2009 cuando hubo que enfrentar la gripe A” y comprometió su participación en el comité de crisis, así como los equipos sanitarios y de emergencia del Frente Progresista.
“No había tal crisis” afirmó para recordar que el gobierno actual pagó salarios con cláusula gatillo, tiene plazos fijos y ahora tiene la facultad de tomar deuda por 600 millones de dólares cifra a la que calificó de “desproporcionada”.
“Le dimos todas las herramientas, la pelota está en su campo señor gobernador; cuente conmigo” remató su primera alocución Lifschitz.
Son 45 los artículos de la ley de Necesidad Pública en materia social, alimentaria y sanitaria; de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. La norma en su artículo 14 faculta al Poder Ejecutivo a renegociar contrataciones públicas “lo que será precedido de un acuerdo de partes que se sostenga en un equilibrio entre la optimización de los recursos públicos y los intereses particulares”. La falta de acuerdo faculta también al Ejecutivo a reprogramar plazos y rescindir contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría.
Más adelante habilita al Ejecutivo a buscar caminos alternativos para mejorar los procesos de API y Catastro; abre la posibilidad de una moratoria para deudas no tributarias y se compromete a saldar deudas por el fondo de obras menores con municipios y comunas de los ejercicios 2018 y 2019.
La Cámara de Diputados tuvo 44 presentes este martes. Por cuestiones vinculados al aislamiento no asistieron los justicialistas Ricardo Olivera, Matilde Bruera y Oscar Martínez; la socialista Claudia Balagué; el demoprogresista Gabriel Real y el macrista Gabriel Chumpitaz. Hubo inconvenientes en el sistema de votación electrónico y en las dos votaciones el número de sufragios no coincidió con los legisladores presentes. Desde la Secretaría Parlamentaria se aclaró que “el problema solo fue de visualización ya que las actas que se adjuntan a la versión taquigráfica fueron impresas de forma sin errores”.
“El error se produce porque al haber muchos diputados que se abstuvieron no dieron tiempo a los pocos empleados informáticos a cargar las abstenciones” se acotó.
El número final además fue aclarado en el recinto ante la advertencia de Busatto y la aclaración la formuló el socialista Joaquín Blanco.
Donación de parte de las dietas
La primera votación de la Cámara de Diputados fue una resolución reduciendo el 50% de los sueldos de los legisladores desde este miércolesy hasta el receso parlamentario de junio. “Es un momento extraordinario que necesita de gestos y acciones. El esfuerzo de todos es lo que nos hará más fuertes”, consideró Lifschitz al explicar la decisión.
También el Senado informó que los integrantes resolvieron “donar el 50% de sus dietas durante el plazo de tres meses” lo cual será destinado a instituciones de bien común de cada departamento que se encuentran abocadas a sumar esfuerzos en esta emergencia, tanto en cuestiones sanitarias como alimentarias”.
La resolución de la Cámara de Senadores será aplicable con los sueldos del marzo y es suscripta por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas y el pleno de sus integrantes.