El PJ santafesino toma distancias del proyecto oficial sobre reforma previsional

"El gobernador elige meter la mano en los bolsillos de activos y pasivos en lugar de reclamar a la Nación los recursos que le corresponden a Santa Fe por ley", sostiene un documento emitido por la mesa de acción política que se reunió este viernes, en la sede partidaria de calle Crespo, encabezada por Guillermo Cornaglia. El documento apunta a cuestionar el proyecto de emergencia y reforma previsional que elevó el Poder Ejecutivo a Legislatura el miércoles último y que tiene preferencia en Senado para jueves venidero.

El proyecto que está en manos del Senado fue analizado el jueves por el interbloque de diputados justicialistas que aprovechó la suspensión de la Asamblea Legislativa para empezar a discutir -críticamente- el mensaje. Celia Arena, Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Lucila De Ponti y Verónica Porcelli Baró Graf estuvieron en la mesa haciendo un primer análisis pero sin emitir una opinión oficial. Al retirarse del encuentro Rabbia definió a Pullaro como unitario y centralista y le pidió que vaya al gobierno a reclamar los fondos que le corresponden a Santa Fe por la deuda de la Caja.

En tanto, la mesa política del PJ señala que "la declaración de emergencia requiere una situación de carácter excepcional que ponga en serio riesgo la continuidad del sistema, el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales y un contexto que requiera medidas extraordinarias. Ninguna de estas condiciones están presentes en la situación actual".

Para el peronismo, "la Caja de Jubilaciones tiene números razonables referidos tanto a la cantidad de jubilados y pensionados como al número de aportantes. Esto da cuenta que la gestión, a través de las diferentes administraciones ha sido racional y equilibrada". Acota que "el mayor inconveniente que encuentra el organismo previsional es la falta de cumplimiento del Gobierno nacional para con los recursos que debe aportar de acuerdo a lo estipulado en el traspaso de las cajas previsionales provinciales al Estado Nacional. El gobernador elige meterle la mano en el bolsillo a trabajadores activos y pasivos en lugar de reclamar al Gobierno Nacional los recursos que le corresponden a nuestra provincia por ley".

En Rosario

La mesa de acción política se conformó la semana pasada en Rosario y ayer se vio, entre otros a Alejandra Rodenas, Sergio Aladio, Marcos Cleri, Eduardo Tonioli, Patricia Boni y Martín Quiróz. El documento plantea que "recorriendo cada artículo del mensaje subyace la clara intención de un gobierno que sólo toca los números en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos. No hay índice, porcentaje, alícuota o cantidad de años de aportes que los beneficie. Todo lo contrario, son la mayor variable de ajuste".

Más adelante afirma que "el proyecto lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores como aquellas fórmulas que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece aportes solidarios que no sólo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados". Cuestiona además la decisión de modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión, y ataca el régimen opcional docente "decretando el fin del 82%". Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, activos y pasivos verán afectadas gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales".

También cuestiona la delegación de facultades legislativas para incrementar la edad de acceso a la jubilación y le pide al gobierno " que demuestre audacia y firmeza para reclamar a la Nación los fondos que nos deben a santafesinos. Pretender colocar como variable de ajuste a los trabajadores y jubilados es un acto de total injusticia que denota cobardía y falta de creatividad".

Pedido de informes

El diputado Walter Agosto ingresó un pedido de informes para conocer las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo a fin de evitar que el Gobierno Nacional vete la ley sobre movilidad previsional y de la seguridad social", aprobada el 22 de agosto de 2024 por el Congreso de la Nación.

Esa ley prevé, además de una mejora en los haberes, la obligación del Gobierno Nacional de cancelar las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, "situación que beneficiaría notablemente a la provincia de Santa Fe".