Una buena nevada siempre es, en la zona cordillerana de la Argentina, una buena noticia. Lo mismo que la lluvia al regar campos en la región pampeana. Y en rigor, en ambos casos, sendas precipitaciones son vitales para la suerte económica del país.
El 20% de la electricidad que consume el país proviene de represas en manos de empresas privadas, cuyo plazo de concesión ya ha vencido o está por terminar. El gobierno nacional optó por no hablar del tema, como la oposición.
Una buena nevada siempre es, en la zona cordillerana de la Argentina, una buena noticia. Lo mismo que la lluvia al regar campos en la región pampeana. Y en rigor, en ambos casos, sendas precipitaciones son vitales para la suerte económica del país.
Cuando los Andes quedan blancos, además de atraer más turistas y deportistas a esas provincias, se renueva la fuente de agua de la que dependen los cultivos de las economías regionales cuyanas, patagónicas y del noroeste del país. Pero además, las nevadas alimentan las represas hidroeléctricas que, en conjunto, representan un 20% de la generación eléctrica instalada.
Esa quinta parte de los megavatios generados a nivel nacional tiene un rol clave, el de anclaje los precios en el mercado eléctrico nacional. Esos MW son incluso capaces de abaratar el costo de ese insumo industrial y de las tarifas al sector residencial, más allá de lo que ocurra con el mercado internacional.
Por el contrario, cada vez que las represas quedan sin agua del deshielo se debe importar energía (de países limítrofes o más gas en barcos) que impactan en las boletas finales.
La hidroelectricidad tiene una muy alta inversión inicial pero luego sus procesos productivos son de los más económicos y por lo tanto de un menor precio cada uno de sus kilovatios.
Aunque la generación térmica con gas natural explica más de un 60% de la matriz energética del país, la hidroelectricidad pone en competencia a las petroleras ante Cammesa.
Tanto como la energía nuclear, la hidráulica fue desarrollada por el Estado. El Chocón, por ejemplo, comenzó a generar en 1972 con inversiones iniciales en la década del '60. Alcanzó su plenitud en 1984.
Este viernes previo a las Paso termina el plazo de la concesión otorgada a la empresa multinacional italiana Enel, sobre la central mencionada anteriormente.
El Chocón fue la privatización más importante que llevó adelante el gobierno peronista de Carlos Menem, en 1993, dentro del subsector de la generación hidroeléctrica andina. En 2022, durante la gestión del ex ministro de Economía Martín Guzmán, se formó una comisión que tenía el propósito de no improvisar cuando concluyeran las concesiones, es decir, ahora.
En marzo del año pasado, cuanto todavía Guzmán mantenía una suerte de pulseada con otros funcionarios más afines al kirchnerismo en los entes reguladores y en la secretaría de Energía de la Nación, se dictó la Resolución 130/22 que parecía que iba a tomar el rumbo de una mayor presencia del Estado sobre esas centrales. No fue así, hoy el ministro Sergio Massa y su elenco (propio) de colaboradores optó por no hablar del tema (tanto como la oposición) y sobre todo por postergar una decisión al respecto. La resolución 574/23 firmada por la secretaria de Energía, Flavia Royón, le regala 60 días más de explotación a las usinas cuyas concesiones han vencido o vencen este año: Alicurá, El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita, Piedra del Águila.
A los funcionarios nacionales (y a los precandidatos) solo se le hacen preguntas sobre esas instalaciones tan valiosas cuando visitan Río Negro o Neuquén. Ambas provincias, a la luz de su experiencia tan beneficiosa con las regalías petroleras, sostienen que corresponde una provincialización (lo mismo que Entre Ríos reclama con la Central de Salto, que la Argentina comparte con Uruguay).
Las últimas declaraciones de Royón son un compendio de gambetas y fintas para no decir qué se piensa hacer, si es que se hará algo (o no) durante los meses de gestión que le restan al gobierno de Alberto Fernández. "Aún hay puntos por definir", que se verán "después de las elecciones", se limitó a decir la funcionaria. Por lo pronto, lo que se ha hecho es agrandar por decreto el plazo de la concesión.
"Estamos trabajando en conversaciones con las provincias para que sea un acuerdo. Siempre fue voluntad del Estado nacional tener un acuerdo participativo con las provincias, pero quiero dejarlo en claro: las represas y la infraestructura son propiedad del Estado Nacional y la ley marca que cuando termina la concesión se revierte", al sector público central, aseguró en diálogo con una FM de Neuquén que reproduce el diario Río Negro.
Entre julio y diciembre de 2023 terminan concesiones de centrales que en total suman 4.170 megavatios. En 2024, ya con el próximo gobierno en plena gestión, sucederá lo mismo con otros 667,5 megavatios; y una cifra similar (670,8) en 2025; en 2026, alrededor de 100 MW.
Así, entre 2023 y 2026 se agotarán las concesiones de centrales hidroeléctricas por 5.608 MW, pero de esa enorme cantidad la parte del león sucede ahora, durante la actual gestión del gobierno nacional.
Hasta que llegue diciembre, calendario electoral de por medio, caerán las concesiones de El Chocón, que iba a concluir este viernes 10 de agosto (pero se prorrogó por 60 días con opción a otros tantos) y de otras cuatro centrales, que lograron el mismo beneficio.
El 29 de diciembre, ya en el próximo gobierno, concluirá el plazo de explotación de la usina hidráulica más grande: Piedra del Águila (1.400 MW), que está en manos de la empresa Central Puerto, que explota la usina térmica ubicada en ese sector de la capital federal que totaliza el 15% de la generación térmica del país y provee la potencia necesaria al Amba, donde se encuentra la mayor (y la más influyente) porción del mercado eléctrico argentino.