Primera reunión de la Junta Provincial de Seguridad, y análisis de posibles indultos

En una jornada signada nuevamente por cierta parálisis en la ciudad de Rosario a raíz de un paro de transporte después de nuevas amenazas y ataques contra colectivos, se reunirá la Junta Provincial de Seguridad. Es convocada por el gobernador, y confluyen en dicho ámbito representantes de los tres poderes del Estado. Será la primera en lo que va de la gestión de Maximiliano Pullaro. El cónclave se desarrollará en la Casa de Gobierno a partir de las 14.

En rigor, el encuentro estaba previsto para principios de marzo, pero la seguidilla de crímenes de personas inocentes registrada en Rosario alteró la agenda y concentró durante más de diez días las actividades en dicha ciudad. Fueron las trágicas 72 horas durante las cuales asesinaron a dos taxistas, un colectivero y al empleado de una estación de servicios.

La convocatoria de este martes carece de un temario formal, pero uno de los aspectos excluyentes será la situación que atraviesa tanto la ciudad de Rosario, como las cárceles de la provincia. La principal hipótesis del gobierno está fundada en que los ataques que generan conmoción pública y social derivan de un endurecimiento en las condiciones de alojamiento de los presos de alto perfil. En el mismo contexto, el oficialismo apura la sanción de una reforma al Código Procesal Penal; el texto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a días de comenzar la gestión, pero tras los hechos gravísimos mencionados, el Ejecutivo endureció más aún su redacción.

¿Indultos?

En otro orden, el Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de apelar a uno de los artículos de la Constitución provincial que le permite "indultar" a personas privadas de la libertad. Según pudo confirmar El Litoral, serían casos puntuales que tienen como protagonistas a ex funcionarios policiales o policías condenados - según el gobernador- de manera injusta. Uno de ellos es el oficial Luciano Nocelli, condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio de una pareja de presuntos ladrones. El hecho se produjo en mayo de 2019 en Rosario. A mano armada, habían intentado asaltar a una mujer, hecho que motivó la intervención policial. Se produjo un intercambio de disparos entre ladrones y efectivos; una de las balas rozó la oreja de Nocelli, que reaccionó disparando su arma reglamentaria, causando la muerte de la pareja de asaltantes. Tras investigar el hecho y sobre la base de registros fílmicos, la Justicia consideró que el agente policial disparó a corta distancia y por la espalda a las víctimas, en un "claro accionar por fuera de la ley". Los fiscales habían pedido cadena perpetua; los jueces lo condenaron a 25 años de prisión.

Paradigma

Ya en 2022, a propósito de una revisión de Cámara, Maximiliano Pullaro – por entonces, diputado provincial-, exponía su disidencia con el fallo y reclamaba "racionalidad a la Justicia". "La condena contra el oficial Nocelli es injusta – escribía en sus redes sociales-; no puede ser que un policía que puso en riesgo su vida para defendernos, sea condenado con más dureza que muchos narcos y asesinos. ¿Qué va a pasar la próxima vez que un policía presencie un robo en esas circunstancias? ¿La pena es justa? No", sentenciaba.

A fines de 2023, a sólo horas de haber asumido como gobernador, Pullaro volvía a tomar el caso Nocelli como paradigma. Ante las tropas, después de poner en funciones a las nuevas autoridades policiales, explicaba que promovería la ley de Juicio por Jurado para que, con la participación de civiles, "no terminaran presos" los policías que ejerciesen el uso legítimo de las fuerzas en un enfrentamiento. "Es ilógico e irracional lo que pasó con el caso Nocelli – volvía a decir-. Tendría que haber salido en libertad porque le dispararon primero. Ahora, esas situaciones van a ser juzgadas por civiles, y ahí ustedes van a ver que van a contar con el respaldo de las personas que sufren el delito", arengaba .

La ley de Juicio por Jurado fue sancionada la semana pasada. La figura del indulto está contemplada en el artículo seis de la Constitución Provincial. La decisión de analizarlo para casos puntuales como el descripto fue comentada por el propio gobernador en la reunión del frente Unidos que se realizó el miércoles en el Comité Radical. De concretarla, sería el primer gobernador de la historia de Santa Fe en utilizarla. Hasta aquí, y de manera discontinua, sólo habían sido concedidas conmutaciones de pena.