Jueves 5.11.2020
/Última actualización 2:37
La Ley 12.692 de 2006 fue promovida por el entonces gobernador Jorge Obeid. Dispuso un aporte de $ 0,20 (actualizable según la variación del kw de la Epe) para promover las energías renovables. Cada usuario en Santa Fe paga hoy $ 11,60. Como la compañía santafesina tiene 1,3 millones de cuentas, la norma recauda unos 15 millones por bimestre. En el año son aproximadamente $ 90 millones. Un 30% de esos recursos iban a cubrir el programa Prosumidores que fue reemplazado por otro plan oficial, el ERA, con otro perfil.
El Programa Prosumidores era "para ricos", según la descalificación extraoficial que repiten militantes en redes, fuera de la Casa Gris, para defender al gobierno provincial que ha decidido clausurarlo.
Sin embargo, hay 17 industrias y 70 comercios que se embarcaron en ese modelo de inversiones de generación de energía eléctrica y venta de sus excedentes, y de ellos previene la mayor parte de la energía generada por usuarios, además de otros 418 clientes residenciales que sumaron paneles solares a sus techos (entre otras tecnologías).
Con las reglas de juego del programa anterior se había generado, además, un nuevo sector económico en la provincia que ahora queda librado a las sagradas fuerzas del mercado, al perder la ayuda oficial su creciente clientela.
En tan sólo un par de años habían surgido unos 60 proveedores e instaladores de tecnología fotovoltaica y eólica –entre otras- que ahora tendrán que adaptarse a los duros cambios de una nueva era, la del nuevo programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) .
El gobierno anterior no dejó una ley de Prosumidores, sino un decreto que simplemente con otro fue desactivado.
El texto del decreto 1.098, del 16 de octubre pasado, cambia las políticas provinciales para los usuarios productores de energía (y ni siquiera contiene la palabra "prosumidor").
En rigor, no se trata de un simple cambio de rótulos para evitar que las acciones oficiales actuales sigan asociándose al pasado. Ahora, hay otra visión para el rol del Estado respecto de cómo usar los fondos para las energías renovables.
Del ex programa Prosumidores subsisten los convenios firmados entre los particulares y la provincia, pero es muy probable que muchos menos se sumen.
Las prioridades del ERA se dirigen a las organizaciones sociales que se interesen en ser generadores.
Del plan que termina quedaron "pendientes de conexión a la red" 107 prosumidores que habían iniciado sus inversiones y trámites para agregar sus excendentes a la red. ¿Aceptarán ser usuarios-generadores?
Habrá que acostumbrarse. Ya no hay prosumidores sino un "usuario-generador" y a los que de aquí en más se sumen, en lugar de reconocerle sus kilovatios aportados a las redes según sus altos costos de generación (por la inversión que implica en escalas micro), tendrán otras condiciones.
En el nuevo ERA hay otras frías reglas de juego para los particulares porque lo que cuenta es otorgar beneficios a otros actores a los que el gobierno provincial anterior –en materia de energías renovables- no vio o no le interesó promover.
En realidad, los objetivos del ex Prosumidores y el flamante ERA no son incompatibles, pero éste ha ha venido a aquél.
En primer lugar, el Era está dirigido a promover a instituciones sociales, que el propio decreto define como "las Asociaciones Civiles y Organizaciones sin Fines de Lucro, que sean usuarios de pequeña demanda de la distribuidora (es decir, de la Epe o las cooperativas eléctricas), y/o quienes la autoridad de aplicación determine por resolución jurisdiccional", es decir, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.
Sólo a esas organizaciones se les otorga un plus a cargo de la provincia que agrega pesos por kilovatio de potencia, pero utiliza como base cálculo el valor del mercado mayorista (cuyos costos de generación son obviamente los más bajos del país).
Así, se trata de compensar los caros costos por kw de un panel solar o un molino de viento, en el extremo de los usuarios-generadores; con los baratos de una usina hidroeléctrica o una central térmica de ciclo combinado, en el otro.
El aporte de la provincia tendrá que ser muy interesante para cubrir semejantes diferencias en la eficiencia de uno y otro. Más si se piensa en su amortización como bien de capital a lo largo de los años. (Ver aparte).
Un complejo esquema define ese aporte. Su valor "resultará de la diferencia entre el Valor Unitario del Incentivo a la Generación (VUIG) correspondiente a la energía inyectada" por el usuario-generador con su precio en el mercado mayorista.
Habrá una escala para compensar a quienes tengan menor capacidad de potencia instalada, pero también un cupo de hasta 500 KW en total. Ese es el límite del plan, cuanto menos modesto, al menos por ahora porque puede ser modificado por decreto.
Debe pensarse que, por ejemplo, medio megavatio es aproximadamente, el 50% de lo que ya produce el parque solar ubicado en la ciudad de San Lorenzo.
Las grandes centrales eléctricas que generan energía, como las instalaciones para su transporte y distribución, requieren de inversiones que sólo es posible amortizar en muy largos períodos.
Por ejemplo, las privatizaciones del sector eléctrico en la Argentina se hicieron con concesiones a 99 años. Pero los prosumidores (o los generadores-usuarios del nuevo programa provincial) no pueden esperar tanto.
El plan anterior facilitaba, con fuertes incentivos económicos para que los usuarios sean generadores, un plazo razonable para la amortización de los equipos generadores a partir de energías renovables, que en su mayoría se importan.
Ahora, con el nuevo esquema, se estima que habrá que pensar en una amortización de muy largo plazo, de 30 años, dicen los más pesimistas.
El programa anterior buscaba que la EPE y las cooperativas desarrollaran un nuevo sector económico entre oferta y demanda, la llamada generación distribuida, que además de inversiones requiere de una especialización técnica, que se ha alcanzado.
La idea era alentar especialmente a tener más prosumidores en los extremos de la red de la compañía estatal, es decir, donde sus instalaciones necesitan ya –o necesiten en el futuro- más potencia.
Otro esquema interesante que no llegó a aplicarse consistía en vincular a las empresas que quieren ser calificadas como sostenibles (por sus emisiones de carbono en sus procesos productivos, algo que abre mercados internacionales además de crear prestigio local) con los generadores que proporcionen kilovatios de fuentes renovables.
Se imaginaban funciones de "brouker" en la Epe para esas transacciones, como dicen los economistas, pero esas innovaciones - no fueron bien recibidas por algunos cuadros de la empresa. Y esas tensiones tuvieron su estallido en 2018.
Los proveedores eran la clave del esquema. Hasta hace unos pocos años había apenas un par en toda la provincia y la existencia de técnicos era ínfima. Habrá que ver qué ocurre con los 60 que se desarrollaron en apenas un par de años.