Lunes 4.4.2022
/Última actualización 12:43
Por estos días, las ciudades de Carcarañá y Fray Luis Beltrán (en el departamento San Lorenzo), Coronda (en San Jerónimo) y San Carlos Centro (en Las Colonias) recibieron una mala noticia: el gobierno provincial decidió derogar un decreto de enero de 2015 que les permitía dejar para más adelante los pagos de sus deudas en dólares, tomadas en los años '90 del uno a uno, para construir cloacas.
Aquella medida firmada por Antonio Bonfatti al comenzar el último año de su gestión, que luego no fue alterada por su sucesor Miguel Lifschitz, ahora ha sido corregida por el gobernador Omar Perotti, ante los reiterados incumplimientos por parte de esas administraciones municipales, que perjudican al Tesoro provincial.
En pocas palabras, hasta aquí las cuatro ciudades diferían los pagos, mientras esperaban que alguna vez hubiera alguna suerte de perdón fiscal general desde la Nación o de la provincia, porque -después de todo- los fondos se usaron para construir redes cloacales que en otras ciudades santafesinas la Provincia ha ejecutado sin costos extraordinarios para los beneficiarios o directamente sin cargo (con Aguas Santafesinas SA).
Ahora, mediante el decreto 457 del 28 de marzo, la provincia dispuso que -descuentos de la coparticipación mediante- las cuatro ciudades le devuelvan los saldos adeudados a la Provincia, en 48 cuotas consecutivas e iguales.
Los considerandos del decreto firmado por gobernador Omar Perotti y el ministro de Hacienda Walter Agosto explican que para la construcción de esa infraestructura un organismo de crédito internacional financió (con dólares) un programa del gobierno nacional de Carlos Menem, que a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) fue directamente a las municipalidades que lo solicitaron para inversiones en ese rubro. En unos casos las municipalidades las hicieron y en otros, estas fueron garantes de emprendimientos de cooperativas de servicios.
Debe considerarse que la operatoria gozó de la debida autorización de la Provincia, que con dos leyes especiales de las administraciones justicialistas de esos años, le dio luz verde al endeudamiento en dólares. Era por entonces la fuente de financiación más económica disponible, pero los pagos para su devolución se demoraron cuando era posible pagar y luego llegó el estallido de la paridad cambiaria.
Lo explican así los considerandos del decreto: "el tiempo transcurrido contribuyó a una considerable acumulación de la deuda que las mencionadas Municipalidades tienen con el Tesoro Provincial", que actuó como garante por el decreto del gobernador Bonfatti. Y agrega que se buscará que el pago de esas deudas se haga con una "metodología de recupero de los saldos adeudados por los municipios citados mediante la afectación de la Coparticipación de Impuestos de la que son beneficiarias a través de un plan de cuotas mensuales a descontar en un período que asegure un monto de retención que no comprometa sus finanzas".
En la parte resolutiva se fija la devolución "en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con afectación de la Coparticipación de Impuestos de cada Municipio acorde al régimen regulado por el Decreto N.° 0057/1996 y modificatorios".
Los préstamos corresponden al Programa Nacional de Optimización, Rehabilitación y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac), en el cual la provincia se constituye en aval, es decir, en garante de esos préstamos y la Nación le ha hecho los correspondientes descuentos de su coparticipación.
Mediante dos leyes provinciales 10.503 (de 1990) y 11.017 (de 1993), la provincia de Santa Fe le abrió las puertas a un mecanismo de endeudamiento, en dólares, para la construcción de obras de saneamiento.
El costo financiero de esos créditos auspiciados aún perdura. La Convertibilidad de los '90 ofrecía estabilidad, tasas de interés bajas, y un tipo de cambio que permitía tomar con facilidad deudas en moneda extranjera, aun para las cooperativas de servicios públicos, las municipalidades y las comunas del interior del país. Otro gobierno justicialista, hoy, le descuenta a la provincia de Santa Fe por vía de la coparticipación federal esos fondos.
Es que las normas santafesinas citadas, además de facilitar el esquema de financiación propuesto, otorgaron los avales correspondientes. La provincia fue garante de los préstamos que tomaron sus ciudades: de otra forma los montos en dólares no hubieran llegado.
En 2003, el Congreso ya había designado presidente al senador justicialista Eduardo Duhalde, y uno de sus decretos: el Nº 53, de 2003, excluyó de la pesificación de las deudas a los Estados provinciales, municipales, empresas públicas y cooperativas avales (por entonces el dólar rondaba los 3,5 pesos).
La devaluación del peso hizo que esas deudas sean cada vez más preocupantes para las administraciones municipales y la cooperativa de servicios mencionada. Y en 2015, luego de varios planteos en la Legislatura que no prosperaron, se dictó el decreto que les otorgó a esas municipalidades cierta estabilidad. Su derogación incluye un mecanismo de pago a cuatro años.
Para cuando se tomó la decisión de asumir la garantía de pago desde la Provincia ante la Nación, descuentos de coparticipación mediante, las deudas de las cuatro ciudades eran las siguientes:
1) La Cooperativa de Servicios de Coronda (Coserco), avalada por la Municipalidad de esa ciudad debía en 2014 1,1 millones de dólares. Debe destacarse que en 1994 había tomado 2,2 millones y que amortizó más de un millón.
2) El municipio de Carcarañá debía para 2014, 1,3 millón de dólares, pero desde 1998 a la fecha había alcanzado a devolver apenas 136 mil dólares.
3) Fray Luis Beltrán debía 4,2 millones de dólares para 2014 y desde 1996 no amortizó ni un sólo billete verde.
4) San Carlos Centro tenía en 2014 un pasivo de 1,4 millones de dólares. Desde 1996 logró amortizar 607 mil dólares.