La Provincia de Santa Fe se constituyó como querellante en la causa que investiga mensajes falsos de desestabilización social
El gobierno busca esclarecer la difusión masiva e intencionada de audios y mensajes falsos que circularon en la ciudad de Rosario.
La Provincia de Santa Fe se constituyó como querellante en la causa que investiga mensajes falsos de desestabilización social
Martes 23.5.2023
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Última actualización 11:51
En un esfuerzo por combatir la creciente inseguridad y mantener la estabilidad social, la provincia de Santa Fe ha tomado medidas legales enérgicas. El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, acompañado por el fiscal de Estado, Rubén Weder, se presentó este lunes ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para constituir a la provincia como querellante en una causa penal que investiga la difusión masiva e intencionada de audios y mensajes falsos.
Estos mensajes falsos, según se ha informado, tenían como objetivo generar brotes de desestabilización social en la ciudad de Rosario. En un comunicado oficial, el ministro Corach expresó su preocupación y determinación en abordar este problema. "Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, sabiendo que los resultados están lejos de las expectativas. Y no podemos tolerar que haya sectores que busquen ir en sentido contrario", aseguró.
El funcionario provincial hizo hincapié en que los ciudadanos de Rosario merecen conocer la identidad de aquellos que se aprovechan de estas circunstancias para generar conflictos y desorden público. "Los vecinos de Rosario merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego", enfatizó Corach.
La investigación penal fue iniciada de oficio por el Ministerio Público de la Acusación con el objetivo de determinar las responsabilidades penales correspondientes a la difusión de estos mensajes falsos. Ahora, con la provincia de Santa Fe como parte querellante en la causa, se busca ejercer las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico procesal penal, colaborando activamente en la investigación y poniendo a disposición la capacidad del Estado para identificar y responsabilizar a aquellos que eligen infundir temor público y generar desórdenes.