Miércoles 21.9.2022
/Última actualización 16:02
La diputada Ximena García es autora, junto a Maximiliano Ferraro, de un proyecto que también impulsan Mario Barletta y las senadoras Gladys González y Carolina Losada, que cuenta con el apoyo de más de 50 legisladores de Juntos por el Cambio y se define como de "Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Racional de los Humedales".
Ante la consulta de El Litoral, García atribuyó el proyecto de su autoría no solo a la demanda social, sino a que "como legisladores tenemos la obligación de cumplir con los compromisos internacionales contraídos en la convención RAMSAR y por el mandado del art. 41 de la Constitución Nacional. Además, porque la calidad de los humedales viene disminuyendo por el desarrollo de la vida del hombre, estos ecosistemas están disminuyendo tres veces más que los bosques. Esta disminución afecta los beneficios que nos ofrecen como la provisión de agua dulce, alimentos y biodiversidad, entre muchísimos otros".
Sobre las distintas iniciativas presentadas, puntualizó que las dotadas de mayor solidez "tienen cinco elementos fundamentales: una definición de humedales que nos permita identificarlos, la realización de un Inventario Nacional de Humedales para conocer sus características y extensiones, un ordenamiento territorial para organizar las actividades económicas, de subsistencia o turísticas que se realizan en ellos, que se asignen fondos de compensación a titulares de predios y/o a las provincias que conserven humedales, y un periodo de aplazamiento de intervenciones mientras se pone en marcha lo anterior".
En tanto, puntualizó que "las diferencias de los proyectos se encuentran en los detalles de estos elementos. Nuestra propuesta toma la definición acordada en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), un Inventario Nacional a realizarse en 3 años, y que sea el insumo principal para realizar un Ordenamiento Territorial de Humedales en cada jurisdicción, que debe aprobarse por ley provincial en un año. Proponemos un Fondo Fiduciario de Humedales donde el 70% se destine a titulares de predios donde se conserven humedales bajo un plan de manejo sostenible y el otro 30% a las provincias que tengan aprobado por ley provincial su ordenamiento. A su vez, planteamos un aplazamiento de actividades mientras se realizan el Inventario y el ordenamiento, a los fines de evitar efectos negativos asociados a una anticipación a la normativa.
"Creemos que nuestra propuesta es la que mejor representa al desarrollo sostenible porque brinda certeza y previsibilidad, los instrumentos tienen alcances, plazos y responsables claros, se acota la discrecionalidad de las autoridades, no obstaculiza las actividades productivas, premia los esfuerzos de conservación de los titulares, fortalece las capacidades estatales. Y es un proyecto operativo que logra traducir las intenciones en esfuerzos efectivos de protección ambiental", concluyó.