Cuáles son las pruebas que tiene la Justicia del espionaje a Traferri
El senador provincial pidió ser querellante en la causa, a partir de las grabaciones obtenidas en el curso de la investigación donde se lo menciona. La Fiscalía confirmó que el legislador aparece como “víctima” de esas operaciones. Las denuncias por supuesto “armado” de causas.
El senador Armando Traferri. Crédito: Archivo El Litoral.
13:43
La confirmación de que el senador Armando Traferri (PJ-NES San Lorenzo) fue víctima de espionaje ilegal generó un verdadero cimbronazo en buena parte de la dirigencia política provincial. No tanto por las tareas de inteligencia clandestina, de las cuales ya circulaban en los medios de comunicación y teléfonos muchas pruebas, sino porque la víctima es uno de los dirigentes más importantes de la provincia, quien venía denunciando esta situación hace al menos dos años.
Fue el propio Traferri quien en la sesión del Senado del último jueves hizo uso de la palabra y, en una exposición de poco más de 10 minutos, les contó a sus pares que su asesor legal había recibido la confirmación de parte del fiscal Ezequiel Hernández de que “reviste carácter de víctima en la CUIJ 21-08689330-1, donde se investiga la violación de secretos por parte de la Ps Débora Cotichini, a raíz de una presentación de la Auditoría General de Gestión”.
El inicio
La investigación por espionaje ilegal en la provincia comenzó en abril de 2021, poco después de que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fuera echado del Ministerio de Seguridad. Fue luego de que se notaran movimientos sospechosos dentro de una oficina del Organismo de Investigaciones, que de la noche a la mañana apareció vacía. Eso motivó las actuaciones de la Auditoría General de Gestión del propio MPA, a cargo de María Eugenia Vranicich, quien luego de meses de investigación, de recabar evidencia y secuestrar dispositivos móviles, formalizó la denuncia contra Cotichini, ex jefa de Inteligencia de zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y mano derecha de Sain, quien aún era director del OI, ya que no había renunciado a ese puesto para asumir en la cartera de seguridad.
Esa causa, en noviembre pasado, derivó en un escandaloso allanamiento en el Ministerio de Seguridad, tanto en las oficinas de Santa Fe como de Rosario. En esta última ciudad se secuestraron carpetas con perfiles de políticos y empresarios, en otros, documentación que estaba siendo destruida y dispositivos electrónicos, que luego fueron peritados.
Por ese entonces, ya circulaban audios en los que Cotichini solicitaba a otros empleados del MPA que convirtieran archivos de audio para pasarle a Sain por fuera de los canales legales. Y también daban cuenta de que organizaba información de diferente tipo para filtrar a la prensa, en evidente contravención a toda la normativa sobre el manejo de esa información
Las evidencias
A partir de los allanamientos, los fiscales a cargo de la causa Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (esta última se jubiló) pudieron recabar una gran cantidad de evidencias. En lo que refiere puntualmente al senador sanlorencino, fuentes con acceso a la causa admitieron que existen pruebas de conversaciones entre Cotichini y otros funcionarios del MPA respecto de la decisión de interceptar conversaciones que Traferri mantenía con personas allegadas, de manera ilegal. En uno de los documentos, Cotichini dice textualmente: “Qué raro que Pipi hable así. No sospecha que lo escuchamos”.
La decisión de Traferri de apuntar directamente contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y señalarlos como la “pata judicial” de esta organización que espiaba ilegalmente busca sustento en evidencia recabada hasta el momento. Justamente contra estos dos funcionarios del MPA el ex comisario Ernesto Andriozzi, allegado al legislador, presentó una denuncia por haber falsificado la transcripción de una comunicación captada, en la que se agregó su nombre para engañar a un juez y que este aprobara un allanamiento contra su casa, en el que también fue allanado el estudio de su hija Evelyn, también víctima en la causa. Otras dos personas allegadas a Traferri, Gustavo Romero y Antonio Diez, también revisten el carácter de víctimas en ese mismo proceso, según se confirmó recientemente.
Causas “armadas”
La línea argumentativa que se sostiene en el entorno de Traferri es que se armaban causas contra personas ligadas al senador, para poder escucharlos y así registrar sus intercambios con él. Y aluden a recurrentes conversaciones entre Sain y miembros de su equipo de trabajo con funcionarios del MPA, con especial familiaridad en el caso de Edery y Schiappa Pietra. De hecho, en uno de los audios se la escucha a Nadia Schujman, parte del equipo, decir en relación a un pedido para avanzar en la llamativa reapertura reapertura de una causa (luego vuelta a cerrar por falta de mérito): “Genial. Sí, (hablá) con Matías. Porque Marita está de vacaciones y el Chapa (por Schiappa Pietra) está de fiscal Regional. Si querés avanzar y hablar con Matías, hablalo. Si no, el viernes yo lo veo a Mati. Pero hagámoslo con ellos. Vos sabés que Matías nos dice a todo que sí, pero que hay que perseguirlo”.
El encono personal de Sain contra Traferri también parece quedar en evidencia en los chats recuperados por los investigadores de los celulares de los ex integrantes del Ministerio de Seguridad. En una conversación datada el 14 de agosto del año pasado Sain se burla junto a Germán Montenegro (entonces su segundo) de la supuesta muerte de Traferri. Y manifiestan el deseo de una imputación previa al eventual deceso del senador.
En su intervención durante la última sesión del Senado, el dirigente del NES afirmó sentirse “dolido” por la persecución y el espionaje ilegal. Y advirtió sobre “la degradación institucional que sufrió nuestra provincia, porque se violaron derechos fundamentales de muchas personas”. El pedido de su asesor legal para sumarlo como querellante a la causa promete más novedades sobre este escándalo en el futuro cercano.
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