Germán de los Santos [email protected] El escándalo forma parte de un pasado del Puerto de Rosario, que nadie quiere recordar. Pero en definitiva, existe, y es un engranaje de una realidad que hoy se zigzaguea con cierto swing por la omisión de algunos medios de comunicación. El 15 de septiembre pasado el diario El Mundo de España publicó una nota en la que el financista rosarino Gustavo Shanahan -quien llegó a tener el 70 por ciento del capital accionario de Terminal Puerto Rosario- revelaba que Jordi Pujol Ferrusola lavó 12 millones de dólares en el Puerto de Rosario, a través de tres paraísos fiscales como Suiza, Andorra y Panamá. “El empresario rosarino recuerda que Jordi metió de golpe los 12 millones de dólares en negro”, publicó el matutino. En el diálogo con el periodista de El Mundo, que tuvo lugar en el bar del hotel Savoy de Rosario, con champaña de por medio, Shanahan detalló que Pujol usaba un testaferro en Londres para triangular el dinero. El nivel de detalle fue muy fino y el financista dio hasta el nombre: “Herbert Rainford”. “Jordi no tenía plata blanca; lo metió todo en negro. Ahora es más difícil mover capitales en el mundo, pero hace unos años nadie preguntaba de dónde venía el dinero”, señaló Shanahan, quien sigue ocupando una silla en el directorio del Enapro como representante de los concesionarios. Hasta ahora, ningún organismo de control como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Justicia Federal, tomó intervención de oficio en el asunto porque no hay ninguna denuncia sobre el caso, a pesar de que Shanahan declaró que se lavó dinero “negro” en el Puerto rosarino. El que lanzó esta grave imputación ocupó (y sigue figurando como integrante del Ente Administración Puerto Rosario) una silla en el directorio del Enapro y presidió una concesión otorgada a TPR por el Estado provincial en 2003, durante la gestión de Carlos Reutemann, cuando luego de la salida de los filipinos de Ictsi le otorgó por 30 años la explotación de los muelles I y II a Terminal Puerto Rosario. Protagonistas Los principales protagonistas de esta trama son Shanahan y Pujol Ferrusola. Estas dos personas, según se comunicó en su momento desde el Enapro, están alejadas del manejo de TPR. Según una alta fuente del actual concesionario, Shanahan empezó a trasferir a Aotsa (empresa del grupo Vicentín) acciones a partir de 2010 cuando esta firma se quedó con el 51 por ciento; Shanahan retuvo un 19 y Jordi Pujol (h) siguió con el 30 por ciento, un proceso que terminó en febrero pasado. Aotsa posee hoy el 70 por ciento de acciones clase B. Pujol Ferrusola poseía el 30 por ciento de papeles clase A, que adquirió la firma de capitales chilenos Ultramar, que explota terminales en Valparaíso y Montevideo. Pero este relato forma parte del presente, que según se encargan de recalcar en el Enapro y en TPR está alejado del pasado “vidrioso” y “escandaloso” que implosionó en 2009, con el alejamiento de Guillermo Salazar Boero, entonces presidente de la empresa y principal accionista, quien traspasó su capital a Shanahan. TPR entró en convocatoria de acreedores, con un pasivo superior a los 86 millones de pesos, según lo verificado por los síndicos en la causa que estuvo al frente de la jueza María Andrea Mondelli, titular del juzgado Nº 14 en lo Civil y Comercial de Rosario. En ese expediente se presentaron a verificar 209 acreedores, reclamaron en total 220 millones de pesos. Sin embargo, la sindicatura recomendó corroborar unos 86 millones de pesos. Sobraban las razones para retirarle la concesión, pero ese recurso de última instancia se quiso evitar con el antecedente de los filipinos. Cuando apareció Aotsa, del grupo Vicentín, interesado en el Puerto, las autoridades trataron de enfocar su mirada hacia adelante. Pero como escribió Oscar Wilde “no hay hombres lo bastante ricos para comprar su pasado”. Pasado agitado Gustavo Shanahan, de 57 años, contador público nacional, es un hombre muy conocido en el ambiente de los negocios en Rosario, a través de decenas de sociedades y empresas que se crearon para participar en distintos sectores de la vida económica de la ciudad, desde inversiones inmobiliarias millonarias, el manejo de los muelles I y II, participación en el sector financiero, en hotelería y hasta en los juegos de azar. Shanahan ingresó como accionista de TPR en 2005 de la mano del empresario mediático Orlando Vignatti y Guillermo Salazar Boero. La concesión se había otorgado a Terminal Puerto Rosario en 2003 en plena crisis del puerto, tras la salida del grupo filipino, y el complejo período posdevaluatorio. En el pliego se requería que el concesionario tuviera experiencia internacional en el manejo portuario. Por ese motivo, ingresó con acciones clase A un grupo empresario que en Rosario fue presentado como ligado al Puerto de Tarragona. Pero esas empresas, como recuerda hoy un directivo, se habían creado para presentarse en la licitación. Y tenían un escaso capital. Esto fue cuestionado, incluso, por la propia Municipalidad de Rosario, y hubo directores del Enapro que se opusieron a la maniobra. La cara visible de ese consorcio tarraconés era Luis Badía i Chancho, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Años más tarde y ante los desaguisados que se produjeron en la concesión, el organismo portuario catalán salió a aclarar que nunca había tenido injerencia a nivel institucional en el puerto rosarino. Badía i Chancho, con la espalda de Jordi Pujol Ferrusola, cuyo padre aún gobernaba Catalunya, era el lobbysta de firmas que se habían constituido para la ocasión, como Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services. Por aquellos años, Badía i Chancho tenía una amplia cobertura mediática en la que profería que el puerto era “un diamante en bruto”. Los tarraconeses no aportaron ni un centavo de lo que habían prometido en los medios rosarinos. Pero tenían espalda política. En 2003 viajó a Rosario el entonces consejero de Economía de Cataluña, Artur Mas, hoy presidente de esa comunidad autónoma. Todavía gobernaba la región, Pujol padre. Mas pronosticó un futuro que nunca llegó al puerto. La pata local de la concesión eran empresas como Loster, Pro Puerto y CGA, también desconocidas en el ambiente portuario. El final En 2005 los tarraconeses denunciaron ante la Justicia rosarina que en una asamblea que se había realizado cerca de la Navidad se había modificado el mapa accionario de TPR en perjuicio de ellos. Fue entonces que, ya en 2008, salió al ruedo y “blanqueó” su lugar Jordi Pujol Ferrusola, quien se quedó con el 30 por ciento de las acciones a través de Inter Rosario Port Services. En España sospechan que el lavado se produjo a través de esta firma. Pero como dijo Shanahan, estos movimientos de dinero no figuran en ningún balance. En ese momento la presidencia del puerto la ocupaba Guillermo Salazar Boero, la cara visible del colapso de TPR en 2009. El entonces presidente de Terminal Puerto Rosario quedó como accionista mayoritario dos años antes, después de que Vignatti le traspasara capital en TPR. Luego, en enero de 2008, Salazar Boero se alió con Raiser SA y juntos conformaron la efímera Terminal Granelera SA, que dejó sumas millonarias en cheques sin fondo. En 2009 abandonó el puerto con un pasivo que se calcula en 140 millones de pesos.