El Litoral
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En su tercera jornada de indagatoria, el empresario Aldo Roggio finalmente logró convencer anoche al juez Claudio Bonadio de que los datos que aportaba eran suficientes para homologar el acuerdo que el dueño de la constructora que lleva su apellido firmó el viernes pasado con el fiscal Carlos Stornell. Así se convirtió en ‘imputado colaborador‘ en la causa de las millonarias coimas reveladas por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Roggio dejó de lado el eufemismo de los pagos por aportes para la campaña y habló directamente de pago de coimas. Según reconstruyó Clarín se las entregaba a la cúpula del Ministerio de Transporte que en es momento dirigía Ricardo Jaime.
Los sobornos correspondían al 5 por ciento de los subsidios que recibía por el Transporte. Roggio opera el ferrocarril Urquiza y Metrovías. Con esta declaración quedaría revelada otra de las formas de recaudación que tenía el Ministerio de Planificación a través del transporte.
Según detalló en su declaración, accedió a la exigencia de efectuar los pagos a Jaime por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión.
“No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia”, dijo Roggio. “Habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal, (70% del total) en los costos de operación del servicio.”
Dijo que el esquema de recolección duró hasta 2011, cuando Jaime ya no era funcionario y la secretaría de e Transporte la dirigía Juan Pablo Schiavi.